HABANA INSIDER: 14 MARZO 2019/

insider

LA HABANA, CUBA/ EDICION 1196/ ISSN en proceso
Editor: Abelardo G. Mena Chicuri Contacto: menaabelardo@gmail.com
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UN CONGRESO GRIS (JovenCuba)/ SIETE PREGUNTAS SOBRE “MUNICIPIO” Y “COSA PÚBLICA” (Cubaposible)/ DIEZ PREGUNTAS URGENTES SOBRE LA DUALIDAD MONETARIA EN CUBA (OnCuba)/ NUEVA PEQUEÑA EMPRESA CUBANA: ALGUNAS INTERROGANTES AL LEGISLADOR (CubaPosible)
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UN CONGRESO GRIS

Por Alina B. López Hernández (alinabarbara65@gmail.com)

Me interesan altamente los temas que aborden las problemáticas de las mujeres. No soy sin embargo una feminista militante. Considero que esa causa demanda una dedicación casi exclusiva que deja un vacío inmenso a la hora de encauzar caminos sin los cuales cualquier lucha en pro de sectores y minorías sea por género, raciales o sexuales, será incompleta. Mi parecer es que hay que llevar a la par la agenda feminista y el debate político para el establecimiento de un sistema verdaderamente participativo y democrático.

Muchas colegas feministas, con brillantez y agudeza, han abierto una brecha y plantado bandera en nuestro patio, sobre todo en medios alternativos. A ellas me sumo hoy con este artículo, pues tras el recién finalizado congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) hay tanto por decir que todas las feministas de Cuba y las neófitas como yo tendrían espacio para polemizar y aún quedaría terreno para el debate.

Tras escuchar con atención las sesiones televisadas del congreso, quedé con la impresión de estar mirando una antigua fotografía en blanco y negro. Viejas consignas, canciones pasadas de moda, interpelaciones a símbolos gastados, abordaje de problemas epidérmicos. En fin, fue una reunión que parecía más de la década del setenta que de estos tiempos. Solo las voces de algunas cuentapropistas, tímidas voces, evidenciaban que era otra la época.

La dirección del congreso era tan gris como su entorno. Al parecer, para la poco carismática dirigente de la FMC los núcleos duros del problema femenino son: realizar trabajos que por tradición han sido masculinos, ser respetadas por sus compañeros de trabajo, y apoyar las campañas de la revolución.

También me disgusta sobremanera la legitimación oportunista que se hace a partir de vincular dos figuras: Mariana Grajales como madre de la patria —iniciativa que en verdad se debe al batistato— y Vilma Espín como su continuadora. Es la consabida e inexacta imagen de una sola revolución, que salta sobre la república burguesa como sobre una hoguera peligrosa. Y una hoguera fue ciertamente para el movimiento feminista de los años veinte y treinta, que logró ir arrancando demanda tras demanda y que al triunfo del 59 lograba que las mujeres disfrutaran aquí de derechos obtenidos antes que en otros países de mayor pedigrí cívico: derecho al divorcio, a heredar bienes, a la custodia de los hijos y al voto.

Nombres como los de Ofelia Domínguez u Hortensia Lamar son desconocidos para las nuevas generaciones. ¿Qué eran intelectuales de la clase media burguesa?, sí, ¿y qué fueron los principales dirigentes de la revolución, incluida Vilma Espín?

Son varias las cuestiones que debieron tratarse para que el congreso exteriorizara una preocupación real por las condiciones actuales de las mujeres cubanas. A continuación menciono algunas, desde las relacionadas con la vida cotidiana hasta las concernientes al campo de la política. Queda abierta la lista para que las lectoras y lectores incluyan sus propuestas:

Disminución de la ya mala calidad de las almohadillas sanitarias. Pequeñas, estrechas y poco absorbentes. Es un problema con el que mes tras mes deben lidiar las mujeres y que dados los precios altísimos de ese producto en las redes comerciales crea un dilema.

Bajos salarios. Es cierto que en Cuba ganan lo mismo hombres y mujeres, pero ello no es un consuelo cuando son salarios cada vez más deprimidos por la elevación de los precios.

Necesidad de una política estatal como la que existe en otros países con baja natalidad y que estimule económicamente a las mujeres por cada hijo que decidan tener.

Los casos de discriminación a mujeres negras en el transporte público y privado, que han sido denunciados ante las autoridades y difundidos en medios digitales, y el tipo de empleo que se les ofrece en los negocios particulares.

Las mujeres que desean adoptar y no pueden lograrlo dadas las barreras jurídicas en Cuba.

La protección económica a la mujer que es madre soltera o cuida sola de los hijos ante la indiferencia de los padres y solo con la ínfima aportación económica a la que son obligados por la ley cubana de familia.

La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte.

Según datos de especialistas cubanos (clic a SOS por presión demográfica en Cuba) existe una tendencia a la feminización en todas las formas de migración, con excepción de los abandonos durante misiones de trabajo en el extranjero, en las cuales predomina el sexo masculino.

También de acuerdo a estudios migratorios, son las mujeres residentes fuera del país las que más viajan a Cuba, si se compara con los hombres, a encargarse de problemas familiares, cuidado de los padres e hijos que han quedado y envío de remesas. Ante ello sería lógica una actitud de defensa a esas mujeres, que son obligadas a entrar pagando altas sumas por un pasaporte cubano que no les garantiza ni cuidados médicos ni el derecho al voto, según la antigua y la nueva Constitución.

La pobreza de análisis del congreso y su falta de compromiso y de actualización con las necesidades de las mujeres cubanas, abre el debate sobre la pertinencia de la diversificación de las organizaciones asociativas femeninas. Es obvio que la centralizada FMC es cosa del pasado y se requiere de mayor osadía e independencia respecto al Estado.

En la década del noventa hubo un interesante y poco conocido intento de crear una ONG femenina en Cuba. Esto es develado por la intelectual, militante feminista y activista social Margaret Randall en su libro Cambiar el mundo. Mis años en Cuba (Ediciones Matanzas, 2016) que comparto con los lectores de LJC:

“En 1993 (…) un grupo de feministas brillantes comenzó a reunirse para hablar de género en Cuba. Pensaban que era escandaloso que cuatro décadas después del triunfo de la Revolución, y especialmente con la oleada de turistas, todavía los medios difundiesen denigrantes estereotipos de la mujer. Estaban indignadas por las imágenes que mostraban mulatas seductoras, de prominentes nalgas apenas cubiertas por diminutos bikinis…

Las magineras eran mujeres revolucionarias, muchas de ellas miembros del Partido, y la mayoría trabajaba en los medios de difusión masiva. Algunas escribían en periódicos o revistas. Otras trabajaban en la televisión o la radio. Unas pocas eran cineastas. Una era socióloga…

Habían elegido su nombre cuidadosamente. “Magín” es una palabra en castellano antiguo que significa imaginación y creatividad. Al principio trataron de que la FMC se interesase en sus ideas. Pensaron que la organización masiva de las mujeres acogería su aporte con entusiasmo. No fue así. La dirigencia de la FMC se sintió amenazada e hizo todo lo posible para disuadir a aquellas que veía como intrusas en su territorio. La FMC nunca dejó de oponerse a las Magín, hasta que consiguió sacar al nuevo grupo de circulación.

Magín organizó talleres que se desarrollaron con éxito en diferentes partes del país. El grupo produjo alguna literatura. Y cada una de las mujeres (…) publicó estudios que revelaban los sesgos de género (…) Se pusieron en contacto con feministas de otros países y pasaron a formar parte importante de un movimiento regional e internacional por la igualdad de género…

Magín planeaba enviar dos de sus miembros a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China. Las mujeres prepararon un taller de género y comunicación que estaba incluido en la lista de actividades no gubernamentales del evento. La OXFAM UK —prestigiosa institución del Reino Unido— les dio 10 000 dólares para cubrir los gastos de viaje de dos de sus miembros. Sin embargo, cuando tenían que partir, la FMC les dijo que la delegación cubana estaba completa; si querían donar el dinero que habían recibido para cubrir los gastos de la delegación oficial, el gesto sería bienvenido. Sabían que no tenían otra alternativa que acceder. A lo largo de su breve existencia, Magín adoptó consistentemente posiciones de principios.

Magín deseaba tener estatus de ONG, para lo cual necesitaba un reconocimiento oficial que no estaba próximo. En 1996, cuando las principales miembros del grupo se acercaron al Comité Central del Partido para solicitar estatus legal, les dijeron que tendrían que disolverse (…) La razón que se les dio fue paternalista en extremo: los funcionarios del Partido alegaron que a la luz de los continuos esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para destruir la Revolución Cubana temían que estas mujeres pudieran ser embaucadas a fin de que establecieran contactos o realizaran actividades que, sin darse cuenta, estuviesen bajo el control de manos enemigas.

Como ha hecho sistemáticamente (…) el Partido Comunista de Cuba utilizó la amenaza permanente del norte para legitimar su negación de apoyo…

Estos son otros tiempos. La actitud del Partido sobre el tema no ha variado, pero la ciudadanía ha adquirido mayor conciencia de que el cambio no debe esperar por la aceptación de una estructura de mando anquilosada. En la difusión de la agenda de lucha femenina, entendida como parte de la cruzada por derechos y cambios políticos para las cubanas y cubanos, es fundamental el compromiso, la audacia y la difusión por todos los medios posibles de estas inquietudes.
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SIETE PREGUNTAS SOBRE “MUNICIPIO” Y “COSA PÚBLICA”
Cubaposible
https://cubaposible.com/siete-preguntas-municipio-cosa-publica/

El doctor en Derecho Julio Antonio Fernández Estrada, miembro del Consejo de Dirección de Cuba Posible, responde varias preguntas sobre cómo entender “la autonomía”, “lo público”, y “lo estatal” en relación con “lo local”.
El municipio y la provincia deben ser considerados conceptualmente como “lo local” en el caso cubano?
“Lo local” podría entenderse como lo distinto o alternativo a lo nacional. Por lo tanto, lo local puede ser el espacio geográfico-político-administrativo municipal o provincial, en dependencia de desde qué ámbito se habla o se piensa. También “lo local” es lo regional, si se compara con el mundo. En el caso cubano debemos diferenciar cómo llamamos (por medio de las ciencias sociales y de los discursos políticos) a “lo local”, de cómo debemos regular este fenómeno. Creo que lo más exacto, y menos ambiguo, es que no usemos en las regulaciones jurídicas y los documentos programáticos de cambios institucionales, términos que no sean preclaros.
Por lo tanto, pienso que debemos llamar Municipio a lo que sea municipal y Provincia a lo que sea provincial. La definición sobre “lo local” puede ser contradictoria, al menos en lo que se refiere a conceptos jurídicos y normativos.
El municipio incluye, entonces, comunidades, barrios, ciudades, etc.?
El municipio incluye dentro de él todo el conglomerado de instituciones que la estructura territorial del Estado considere dentro de sus límites geográficos y administrativos. Un municipio podría, entonces, contener una ciudad -casi nunca sucede esto- pero no es lo común, porque los espacios municipales en el mundo son reducidos. Por ejemplo, en España existe una concepción del municipio como territorio mucho más pequeño que el que nosotros tenemos en Cuba, y aun así en Cuba casi ningún municipio coincide con una ciudad, a no ser algunos municipios cabezas de provincias que también son ciudades.
Evidentemente, el municipio integra comunidades -o puede integrar- y barrios. Pero el municipio debemos entenderlo, creo yo que es lo más provechoso, como el espacio geográfico, político, jurídico y económico donde se reproduce la República como organización política nacional. El municipio sería la micro-república, es decir, tendría capacidad y autonomía jurídica, económica, política, etc. Aunque el Estado siga siendo unitario y no federal, el municipio tiene que ser el espacio ideal de reproducción de la Democracia.
“Lo público” es “lo estatal”?
Esta pregunta es muy importante, porque lo que hemos aprendido es exactamente que “lo público” es “lo estatal”, pero realmente “lo público” es originalmente “lo popular”, esta es la raíz jurídica y etimológica de “lo público”. “Lo público” y “lo privado” entran en la escena de la cultura occidental de la mano de una famosa dicotomía del Derecho Romano, el Derecho Público-Derecho Privado.
El Derecho público era el derecho del pueblo, hecho por el pueblo, y con fines populares. El pueblo, a su vez, era el conjunto de la ciudadanía con derechos políticos y comerciales. El Derecho Privado era el derecho de los particulares, creado por medio de pactos o contratos y que solo afectaba directamente a los que fuesen parte de esos pactos, que no podían, en ningún caso, modificar el Derecho Público.
Fue la teoría política y jurídica de la burguesía de los siglos XVIII y XIX la que convirtió a “lo público” en “estatal”. Cuando nosotros repetimos que “lo público” es solo “lo estatal” estamos eliminando la tradición democrática en política y derecho que desde la República -cosa del pueblo- creó un derecho hecho para y por el pueblo.
Por lo tanto, “lo público” no es “lo estatal”, además, porque según el marxismo clásico de Marx, Engels y Lenin, es imposible que el Estado y todo el pueblo sean lo mismo (para el marxismo es todo lo contrario). El Estado existe porque una parte del pueblo, una o varias clases, tienen el poder económico y político y lo mantienen por la fuerza más o menos organizada como Estado y Derecho. El interés público debe ser el interés popular, si el Estado es democrático debe velar porque se cuide el interés público; para eso el Estado no debe ponerse nunca en posición de ser más importante que el pueblo, sino dependiente de él, esto es lo que dice el marxismo y lo que debe ser el Socialismo.
Es administrable, conducible “lo público”?
Se puede administrar “lo público” siempre que la regulación de las formas de esa administración sea pública, es decir, siempre que las normas de orden público que regulen quién y cómo y hasta dónde se administra, sean creadas o deliberadas y evaluadas por el pueblo. La administración del interés público debe ser una decisión soberana, es decir, popular. El Estado debe crear las condiciones políticas, jurídicas y económicas para que la administración de lo público no se realice de espaldas a los intereses generales y se convierta en un ejercicio burocrático o de protección de intereses particulares.
Es “lo público”, entonces, “lo gubernamental”?
“Lo gubernamental” es una parte de “lo estatal”, por lo tanto, “lo gubernamental” puede ser una parte de “lo público”, pero no es todo “lo público”. “Lo Estatal” es una parte de “lo público” si el pueblo ha decidido qué Estado tiene y, por lo tanto, “lo gubernamental” será público en tanto el pueblo decida de qué forma y quiénes gobiernan. “Lo gubernamental” debe ser limitado jurídica y políticamente a una actividad que se basa en una autoridad especial, que no debe significar nunca el control de la soberanía. La soberanía y, por lo tanto, “el poder” lo debe conservar el pueblo. “Lo público” es una decisión popular, el gobierno debe ser controlado por el pueblo por medio de las instituciones directas e indirectas de control de la política. Por ejemplo: la rendición de cuentas, la revocación, las elecciones periódicas.

Qué aspectos y factores pueden (y deben) ser considerados en el contexto cubano dentro de la “cosa pública”?
El Estado y el Gobierno pueden ser considerados “cosa pública”, si son creados y controlados por la soberanía popular. La “cosa pública” es toda la política, todo el derecho de interés general -el que se expresa en Leyes, Decretos Leyes, Decretos-, las instituciones diversas que el pueblo considera necesarias para que funcione bien el Estado.
Pública debe ser la actividad social que interese al pueblo, o que dependa de la decisión popular. Puede haber una economía pública y una privada, como puede haber un derecho público y uno privado. Como mismo el derecho privado puede ser creado y modificado por los particulares y las reglas generales (éticas, políticas) de este derecho son creadas por el pueblo; así mismo, la economía privada puede ser organizada y desarrollada por los particulares pero con la regulación ética, política, medioambiental, etc., que el pueblo decida mediante el derecho público.
Es posible establecer las líneas de conexión entre Sociedad/Estado/Gobierno/Administración Pública/ Administración Pública Local/Gestión Pública/participación ciudadana?
El Estado es el conjunto de instituciones (políticas y jurídicas) que en un contexto económico y de intereses de clases determinado, expresa la voluntad de una o más clases o grupos, que controlan el poder económico de una comunidad humana y, por lo tanto, controlan el núcleo de lo político y la creación del Derecho.
El Estado es una forma de organización social histórica, por lo tanto no existió siempre, sino que es resultado de la evolución social-Horda, Gens, Fratria, Tribu, Confederaciones de Tribus-humana (en lo económico, familiar, tecnológico, organizativo). En fin, el Estado es una forma política y jurídica de organización social humana. El Gobierno es una actividad estatal concreta, relacionada con la ejecución y la administración de las políticas estatales.
La Administración Pública se puede confundir con la administración del Estado y el Gobierno, si se entiende que “lo público” es solo lo estatal-gubernativo. Por lo tanto, prefiero considerar que la Administración Pública es una actividad compleja que intenta organizar y gestionar los intereses públicos -dígase populares- a favor del mejoramiento de la vida social.
En la Administración Pública debe jugar un papel muy importante el Estado y el Gobierno, porque “lo público” debe ser custodiado por “lo estatal” y ejecutado por “lo gubernativo”, pero controlado y evaluado por el pueblo (soberano de lo público).
La Administración Pública local -entiéndase Municipal y Provincial- debe ser una parte más o menos autónoma de la actividad general de la administración, que gana más fuerza porque tiene todas las posibilidades de explotar la gran ventaja de estar al lado del interés público local, es decir, del interés público original.
La Gestión Pública es parte de la Administración Pública, y la participación ciudadana es la vía de conexión entre el interés público y la decisión estatal-gubernativa.
Solo mediante una más activa y diversa participación ciudadana se puede arribar a una proyección del interés público verdadero. La participación ciudadana permite proyectar “lo público”, diseñarlo, controlarlo, evaluarlo, esto es: participación en el diseño de políticas públicas, en los contenidos jurídicos a crear y modificar, en la decisión de estrategias económicas, en el destino de la contribución, en la proyección y ejecución del presupuesto, en la elección de mandatarios, en la rendición de cuentas, en la revocación, en el control social de la actividad económica privada, en la defensa de los derechos ciudadanos, en la elección de magistraturas que protejan derechos e intereses públicos, en la administración de justicia.
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10 PREGUNTAS URGENTES SOBRE LA DUALIDAD MONETARIA EN CUBA

Tomado de OnCubaMagazine

3 mayo, 2016. Hubo susto, hubo compras y ventas compulsivas de pesos cubanos (CUP) con sus “hermanos” los pesos cubanos convertibles (CUC). Nadie sabe quién activó el rumor y ningún medio de comunicación le dio alas. Durante casi toda la semana anterior, en la región central de Cuba se creyó que ocurriría la esperada devaluación de la moneda nacional “fuerte”. Al final, el Banco Central desmintió todo y ratificó que, pase lo que pase, se respetará el valor de los ahorros y el efectivo en manos de la gente.

La devaluación del CUC en el mercado de CADECA, pero sobre todo la devaluación del CUP en el sector empresarial, son dos de los pasos que deberán ocurrir inevitablemente en el proceso del fin de la dualidad monetaria y cambiaria existente en Cuba, aunque no se sepa todavía cuándo.

La decisión no podrá ser tomada en el futuro inmediato, cree el economista cubano Juan Triana Cordoví, profesor de la Universidad de La Habana y columnista de OnCuba.

“Les adelanto que mis conocimientos de este asunto son muy elementales, existen otras personas en Cuba con profundos conocimientos en el tema, de hecho en breve habrá un panel en un evento de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba donde varios de esos expertos expondrán sus ideas”, nos dijo.

“Todo lo que se puede hacer en Cuba hoy es una devaluación. Una devaluación real de la moneda en la que se llevan las cuentas del país, que es el CUP, generará inevitablemente un proceso de inflación, aunque nos esforcemos en amarrarla. Gobiernos que tienen un compromiso, un pacto con la población, como el de Cuba hoy, intentan reducir a la mínima expresión los impactos de la devaluación y por eso demora la promulgación de la medida”, señala el académico en uno de los puntos de una extensa conversación.

1- ¿Cuánto demora la unificación monetaria en Cuba?
Yo pienso que va a demorar. Para resolver la dualidad monetaria en un país que solo tiene su capacidad interna para enfrentar ese proceso, porque no puede ir a bancos ni al Fondo Monetario Internacional, la única alternativa es acumular reservas.

La demora tiene que ver, a mi juicio, con la posibilidad real que tiene el país de poder enfrentar ese proceso reduciendo los costos sociales. Por suerte ahora, con una mejor situación en el tema de la deuda externa (lo cual es un gran éxito del cual se dice poco) el país está en mejores condiciones para recibir líneas de crédito que ayuden a producir y a generar esas reservas externas suficientes.

2- ¿Cuál será la tasa final?
Esa respuesta no la puedo dar. Pero sí explicar un poco la complejidad del fenómeno.
En Cuba hay diferentes tasas de cambio. Todo el sector estatal opera con la tasa de 1 CUC (o USD) es igual a 1 CUP. Aquí el peso cubano está sobrepreciado y es una tasa dañina para la eficiencia del sector estatal, por eso hay que cambiarla, y así lo ha dicho el presidente Raúl Castro, que lo ha llamado “importante distorsión deberá ser solucionada a la mayor brevedad posible”.
Pero dentro del sector estatal se manejan otros “convertidores”. Por ejemplo hay un convertidor para las operaciones de compraventa de alimentos entre los campesinos y los hoteles donde 1 CUC es igual a 11 CUP.

Para el pago a los trabajadores de la zona del Mariel se usa otro convertidor: 1 USD es igual a 10 CUP, mientras que los restantes trabajadores asociados a la inversión extranjera cobran a razón de 1 USD=2 CUP. Todo esto termina en una gran confusión cambiaria, con espacios muy grises que atentan contra la eficiencia del sistema económico cubano y contra los precios relativos.

A mi juicio lo más estratégico de todo sería unificar esas tasas y esos convertidores en el sector empresarial estatal. Este es el sector decisivo que emplea a más de 3 millones de trabajadores y genera el 85 por ciento de la economía nacional, o más, y hoy por la distorsión cambiaria no se puede saber quién opera con eficiencia y quién no.

En todos los casos en las relaciones entre empresas el peso está sobrevalorado. Sin embargo cuando las empresas pagan en pesos cubanos a sus trabajadores y los trabajadores salen a la calle entonces se encuentran con un peso subvalorado, con poca capacidad adquisitiva.

Por tanto, el segundo paso sería buscar cuál es la tasa de cambio que realmente el mercado está poniendo en el segmento de esa otra economía (que opera a través de CADECA). Lo que pasó en estos días con el rumor es un síntoma. En la zona central el CUC se cotizó a 18 y a 20 pesos en algunos momentos.

Cuba trabaja con una tasa de cambio fija desde hace varios años, pero cuando surgió CADECA la tasa de cambio operaba en una franja de flotación y se movía en función de la oferta y la demanda de las diferentes monedas.

Ese régimen cambiario fue eliminado y se pasó a un régimen fijo. El problema de ese congelamiento es que no dice realmente cuál es la relación entre la oferta y la demanda de las divisas. Por eso creo que debería retomarse un régimen cambiario flotante en franjas, con un tope máximo y un tope mínimo, y darle a la empresa CADECA la potestad de mover la tasa en función del movimiento y de la relación entre las monedas.

Hubo un momento en Cuba, cuando había flotabilidad regulada, que el cambio se puso 19 a 1, y después se adoptó ponerlo 24 a 1, aunque a veces estuvo 27 a 1. Ese movimiento se logró siguiendo la oferta y la demanda de monedas. Hoy para Cuba seguir ese movimiento es más importante porque cada vez tenemos relaciones económicas más fluidas con Estados Unidos, y hay más divisas en el mercado.

A partir de que podamos tener claras señales, entonces podríamos poner una tasa adecuada en el mercado de CADECA. Luego con esa tasa del mercado y la tasa oficial establecida antes en el sector empresarial, podríamos dar pasos para intentar unificar ambas tasas.

3- ¿Qué pasa cuando un país decreta una devaluación?
Lo que va a pasar es que habrá un efecto sobre los costos de producción de las empresas y luego eso se transmitirá a los precios que paga la población. Querámoslo o no, haciendo inclusive el programa que el gobierno ha diseñado para amortiguarlo, habrá un efecto de inflación que podrá demorar algunos meses en aparecer, pero ocurrirá.

Imagine una empresa que en su estructura de costos tenga un 20% de costos de importación. Hasta ahora en sus cuentas se ponía 1 dólar de importación como 1 peso cubano convertible. A partir de que ocurra la devaluación tendrá que poner 1 dólar de importación igual a un peso cubano convertible por la tasa de cambio que se establezca. Si la tasa es 10 por 1, entonces el costo no será de 20 pesos, sino de 200… ¿cómo enfrenta una empresa semejante subida de costos? Subiendo precios. ¿Quién paga los precios? La población.

A mi juicio, una de las razones por las que el gobierno no ha ido más apurado en este punto es porque el efecto social puede ser muy duro, y hay que prepararse para ese momento.

4- ¿Qué podría hacer el gobierno para asumir la devaluación sin shocks sociales?

Lo primero que hay que tener es reservas internacionales suficientes en divisas, no solo para poder soportar un incremento de la demanda de productos de consumo, sino también para subsidiar a las empresas que sufrirán pérdidas con la devualuación del peso convertible.

A mi juicio lo más importante es transparentar las relaciones entre las empresas cubanas, para saber cuáles son eficientes y cuáles no, y darle una solución de acuerdo a nuestras ideas y nuestros conceptos a las empresas que no serán eficientes, porque algunas tendrán que cerrar.

Después que se produzca la devaluación, las empresas van a reaccionar y se volverán más eficientes y generarán empleo, pero eso toma tiempo y mientras tanto la gente seguirá viviendo y tendrá necesidades vitales que satisfacer.

5- ¿Cómo podríamos ilustrar el efecto de la devaluación en este caso del CUC, cuando desaparezca o se ponga a un nuevo precio con respecto al CUP?

Cuba tiene un grave problema de producción y productividad y una parte del incremento de la demanda debe ser cubierto con importaciones.

El riesgo de no tener un sector productivo robustecido o suficientes reservas internacionales es que al devaluar el CUC en la tasa “extraoficial” (la de CADECA), cuando el precio del CUC cambie, digamos, de 24 a 15 CUP, es que en ese caso los 600 pesos del salario de los cubanos ya no serán 600, sino que adquirirán la capacidad de compra en el mercado (que funcionaba en CUC) de 1000 pesos; o sea, pagarán menos CUP para adquirir CUC o comprar directamente a los precios en CUC.

Como las personas viven con niveles de consumo muy bajos, no van a ahorrar, sino que acudirán de inmediato a las tiendas para satisfacer sus necesidades contenidas. Y para tomar esa medida entonces habrá que tener capacidad para surtir los mercados, porque si no podría producirse un desabastecimiento inmediato, una especulación brutal y una inflación tremenda.

6- ¿Qué ideas podrían ponerse en práctica para volver más eficiente la economía y llegar más pronto a un momento donde se pueda proceder a la unificación?

En el segmento empresarial, por ejemplo, se pueden bajar costos de intermediación, porque el sector productivo cubano está muy mediado por otras empresas que no agregan valor a los productos o servicios.

Se podría rescatar el sistema de consignaciones de mercancías extranjeras en Cuba: las empresas extranjeras pondría sus mercancías en puerto y el país solo las pagaría una vez que efectivamente las compre. En los últimos años se ha obligado a la empresa cubana a estar llenando constantemente sus almacenes de mercancías para poder producir, y eso significa traspasarle costos de almacenamiento a la empresa cubana. Una parte de ellos podrían reducirse.

El Turismo no tendría, por ejemplo, por qué comprar determinada cantidad de contenedores de pollos para sus hoteles, si se dejara que una gran productora de pollos tuviera almacenes en Cuba. El costo del traslado al país correría por la empresa extranjera y la parte cubana solo tendría que comprar lo que realmente necesita.

Otra medida podrían ser que se le permita a los campesinos comprar equipos con los dineros que tienen en pesos cubanos y que los compren de manera directa, contra una tasa de cambio que garantiza que el país no pierda pero que estímulo la producción agrícola vía incrementos de productividad; pero también se podrían crear grandes almacenes de comercio al por mayor, gestionados por empresas mixtas del estado cubano con cadenas extranjeras, donde la gente pueda ir a comprar a bajos precios.

Son algunas de las medidas no monetarias que podrían ayudar a reducir los costos de todo el proceso de la unificación monetaria y cambiaria.

7- ¿Podrían darse los saltos productivos que necesita Cuba sin emplear créditos externos?

Algunas medidas no tendrían que esperar por créditos, pero tomaría mucho tiempo dar los saltos productivos que necesitamos con nuestras propias reservas. Necesitamos apoyo financiero externo. No es totalmente imprescindible, pero ayudaría de forma significativa. Cuba no tiene suficiente ahorro interno, una dinámica mayor de la economía requerirá nuevas líneas de crédito. De ahí la importancia de haber logrado una renegociación tan beneficiosos de las deuda externa.

No obstante, aquí lo que hay que decir primero es que Cuba no ha podido entrar ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional por el bloqueo norteamericano. Para entrar a esas instituciones el país debe mostrar sus cuentas, porque esas instituciones las fiscalizan. Y es muy difícil para un país que está bloqueado, perseguido, mostrar sus cuentas.

Un país como Cuba, que debe luchar contra las sanciones (extraterritoriales también) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro norteamericano todo el tiempo; no puede ser tan inocente. No obstante, debido al éxito en la renegociación de la deuda externa el país está en mejores condiciones para recibir líneas de crédito y ya puede empezar a pensar en el asunto del fin de la dualidad y cambiaria de otra manera.

8- ¿Y qué papel podrían jugar las remesas en ese salto productivo y financiero que necesita la Isla?

Por concepto de remesas entran al país entre 2000 a 2500 millones de USD cada año, según estimaciones. Ningún sector de la economía cubana, excepto la exportación de servicios médicos, genera esa cantidad de divisas frescas, dinero neto, usable inmediatamente.

Una parte de las remesas impacta de forma directa en la demanda de consumo, porque entra para satisfacer necesidades diarias de las personas. Esa parte de las remesas ayuda a la dinámica de la economía nacional pues permite que las empresas importen para producir y responder a la demanda interna. Con un sector productivo más eficiente, dinámico, complementario, este podría ser un factor más estimulante para incrementar la capacidad productiva en Cuba.

Hoy lo nuevo que está ocurriendo es que las remesas van a inversión privada o a bienes de consumo directo. Si va a inversión privada, es el mismo proceso: quien quiera montar un restaurante deberá comprar materiales de construcción cubanos, contratará un albañil…etc.

Si tuviéramos un buen sistema productivo, una parte importante de esas demandas que se satisfacen con las remesas serían cubiertas con productos y servicios cubanos, pero como no es, lo que ocurre es que gran parte de la demanda se convierte en importaciones y el dinero que entró a Cuba termina en China o en cualquier otro lugar.

9- ¿En la eventual devaluación, serán afectados los receptores de remesas en Cuba?

Quien hoy recibe remesas, digamos 100 CUC por mes, está recibiendo 2400 pesos cubanos (seis veces el salario promedio), una cantidad de dinero con la cual puede dialogar con el mercado agropecuario y con el marcado en divisas. Si la tasa baja a 20 pesos, habrá perdido 400 pesos.

Desde una perspectiva general, las remesas hacia Cuba no deben verse muy afectadas. Quizás se verán afectadas las familias en Cuba que reciben remesas en un primer momento. Si después aparece un mecanismo de corrección de precios, la afectación podría ser menor.

Cuál sería un mecanismo de corrección de precios? La reciente rebaja de los precios en las tiendas recaudadoras de divisas es uno de ellos.

Cuba puede seguir bajando los precios de las tiendas en divisas, porque el diferencial de precios con la región y con los costos de los artículos es muy grande todavía en algunos de esos renglones (de hecho, esa una de las razones objetivas que ha propiciado ese comercio informal basado en las llamadas “mulas”).

Yo no creo que tengamos muchas potencialidades para evitar esa afectación. Eso va a ser un efecto negativo en el corto plazo, que se corregirá con la recuperación de la eficiencia y la productividad en el mediano en el largo plazo.

10- ¿Qué le recomienda a las familias cubanas para que no sientan miedo de una repentina devaluación del peso?

Lo primero es que tengan confianza en lo que ha dicho el presidente del país: se va a respetar la capacidad adquisitiva del CUC, en cuentas bancarias o en efectivo, porque hay antecedentes de que así se ha hecho. Mi otra recomendación es que, si ya se ha dicho que el peso cubano será la moneda que quedará en circulación y usted genera cierta cantidad de dinero para ahorrar, ponga sus ahorros en CUP.

Unificar las monedas no es lo más significativo, lo significativo será unificar las tasas de cambio. Será un proceso que generará tensiones, sin dudas, pero es necesario, inevitable, si queremos andar por una senda segura donde realmente se pueda saber quién es productivo y eficiente y quién no.
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LA NUEVA PEQUEÑA EMPRESA CUBANA: ALGUNAS INTERROGANTES AL LEGISLADOR
http://cubaposible.com/la-nueva-pequena-empresa-cubana-algunas-interrogantes-al-legislador/

Por Narciso Cobo Roura

Las presentes notas, más que llamar la atención sobre la política que se apruebe y la ulterior labor del legislador, tiene por objeto contribuir a su examen previo a fin de que una y otra encuentren en el debate y la reflexión de “otros”, los fundamentos que nos permitan proyectar y contar con un marco normativo que contribuya, de manera efectiva, a promover y asegurar el derecho de asociación para fines económicos y la iniciativa económica privada.

“Es imposible amar algo ni odiar algo sin empezar por conocerlo.” Leonardo da Vinci

¿Pequeña empresa o empresa privada?

Ambas. No deberíamos diferenciarlas simplemente por el número de trabajadores, los montos de ventas o ingresos, o el valor de los activos, como se acostumbra a hacer; y quizás tampoco por criterios tales como niveles inferiores de capitalización, organización o productividad, con los que se suelen caracterizar. Sin perjuicio del valor que puedan tener estos indicadores para fines estadísticos y comparativos, en nuestro caso, el reto, lo que hace la diferencia, parece estar en el régimen de propiedad.

La propiedad privada, hoy reconocida en la propuesta de conceptualización del modelo económico cubano[1], en realidad no encuentra asiento en la Constitución[2], y es este uno de los principales cambios que deberán tener lugar en el texto constitucional. En tanto ello no ocurra, corresponde al legislador cubano abrirles espacio y regular los “pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia” y las “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas.”[3]

Es dentro de estos marcos (que deben quedar prefigurados dentro del marco legal para la pequeña y mediana empresa), que la empresa privada de capital nacional, deberá encontrar los espacios y el respaldo necesarios para contribuir, con su actividad, a la satisfacción de las necesidades y al bienestar de la sociedad cubana y, como es natural, al desarrollo económico del país. Ello deberá ocurrir de manera complementaria, pero no subordinada, a la economía estatal. Será esta una verdadera expresión de la heterogeneidad de los nuevos actores reconocidos en el modelo económico cubano.

Marco legal

¿Sociedad mercantil o empresa? ¿Sociedad o empresa unipersonal? ¿Código de Comercio? ¿Nueva ley de sociedades? ¿Ley de la pequeña empresa?

El marco regulatorio de los principales actores económicos en Cuba (empresas estatales, sociedades mercantiles y cooperativas[4]) presenta un cuadro complejo, integrado por normativas muy heterogéneas aprobadas en circunstancias y escenarios diversos. En el caso de la empresa estatal, coexisten el Reglamento General de la Empresa Estatal (1979)[5], las Normas de la Unión y la Empresa Estatal (1988)[6], y las diferentes disposiciones legales aprobadas para el establecimiento de las Bases del Perfeccionamiento Empresarial, (1998)[7], la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano y su Reglamento (2007)[8], estos dos últimos modificados en el 2010[9] y el 2014[10].

En materia de sociedades mercantiles, conserva plena vigencia el Código de Comercio[11], de aplicación incluso a las empresas mixtas o a la constitución de empresas extranjeras de capital totalmente extranjero, autorizadas a operar en Cuba al amparo de la Ley de Inversión Extranjera[12].

A su vez, en el ámbito cooperativo, coexiste la Ley de Cooperativas Agropecuarias[13] con el Decreto Ley de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas[14], ambas disposiciones legales requeridas de actualización.

Más recientemente fue adoptado, con carácter experimental, el decreto ley que regula la organización y el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias[15], que contempla tanto la creación de estas a
partir de la iniciativa pública, entiéndase el Estado cubano, dirigida a la reconversión de unidades empresariales estatales, como de la iniciativa privada, a partir del derecho de asociación[16].

En ese entramado, en principio, es poco probable encontrar acomodo para la pequeña empresa privada, la que parece reclamar, en realidad, un marco legal propio, ajustado a su fisonomía, que diferencie su
organización y funcionamiento del resto de los actores económicos.

Excluyendo el marco regulatorio de la empresa estatal ?por una parte?, y el propio de las cooperativas de uno y otro tipo ?por la otra?, cabría valorar la posibilidad de que la pequeña empresa adopte alguna
de las formas societarias que contempla el referido Código de Comercio.

No parece, sin embargo, que la modalidad de sociedad anónima como forma organizativa de base accionaria (adoptada por el Estado para actuar como sujeto privado o para asociarse al capital extranjero), se avenga a la simplicidad de requerimientos de la pequeña empresa. Ni que tampoco se avenga la sociedad colectiva (por la forma de quedan obligados sus socios, de manera personal y solidaria, llamados a responder con sus bienes), se ajuste a la diversidad de supuestos que con seguridad podrá adoptar la pequeña empresa cubana, dependiendo de su esfera de actividad, en un escenario en proceso de constante transformación.

Quedaría por examinar la sociedad de responsabilidad limitada, de mayor ductilidad, y muy extendida en la práctica societaria a nivel internacional; pero ello no pudiera tener lugar sin poner al día su preceptiva, y sin olvidar aquello de que “vino nuevo en odres viejos” … De ahí la importancia y actualidad de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o por sus siglas en ingles UNCITRAL) de favorecer la utilización de formas societarias simplificadas para la pequeña empresa[17].

Ello hace aconsejable pensar, más que en una nueva ley de sociedades (tarea que obligadamente habrá que acometerse en su día, más temprano que tarde, pero de mayor envergadura y complejidad) en una normativa ad hoc para la pequeña y mediana empresa cubana, más en correspondencia con su carácter experimental.

El hecho de tomar este cauce normativo, apartándonos ?al menos por ahora? del ámbito estrictamente societario, posibilita considerar y resolver uno de los principales problemas que puede presentar la pequeña empresa: la unicidad de titular. Debiera entonces la nueva norma contemplar, a nuestro juicio, de manera clara, la posibilidad de que una sola persona sea la titular de la empresa, sin necesidad de asociarse para su organización y funcionamiento, tal como se experimenta hoy en un número importante de países que han acogido la sociedad unipersonal[18]. Además, esto resulta hoy una figura nada infrecuente en nuestra práctica empresarial cuentapropista en el plano informal.

En esa misma cuerda no hay que perder de vista, sin embargo, que tratándose de regular el derecho a la iniciativa empresarial del nacional cubano, y el ejercicio de sus derechos de asociación para fines económicos, a partir de su propio patrimonio, es importante que ello tenga lugar mediante un acto legislativo y no solo reglamentario, aun cuando aquel se limite a enunciar los principios y la forma en que se debe organizar el nuevo empresariado privado, reservando al gobierno su reglamentación.

Creación y objeto social

¿Con la autorización de algún organismo estatal? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Con objeto social uniforme según la actividad? ¿Con objeto social propio de cada empresa? ¿Con aprobación de quién? ¿Con licencias que obtener según la actividad? ¿Se requiere intervención notarial?

No parece que deba requerirse, como ha sido hasta el presente, la autorización de las oficinas del Ministerio del Trabajo, en tanto ya no se trata, en propiedad, de trabajadores autónomos o por cuenta
propia, sino de empresarios o aspirantes a serlo. El control previo pudiera estribar, en todo caso, en la autorización del objeto social de los nuevos sujetos, lo que hasta el presente ha sido competencia del Ministerio de Economía y Planificación[19]

Sin embargo, aun cuando la normativa vigente para la proposición y aprobación del objeto social no distingue en cuanto a la forma organizativa empresarial, y aun cuando es evidente que el control previo persigue fines de ordenamiento que pudieran alcanzar a la empresa privada, su centralidad pudiera erigirse en un obstáculo para su creación. Máxime cuando los nuevos sujetos parecen requerir una mayor flexibilidad y amplitud de registro en cuanto a la conformación de su objeto social.

Esto conduce directamente a la importancia que reviste la singularización o individualización del objeto social en el caso de la pequeña empresa, de manera tal que proyecte y alcance a reflejar la diversidad de actividades que su(s) titular(es) se propone(n) realizar. No parece que puedan o deban reproducirse los estereotipos de las licencias que hoy día se otorgan al trabajador por cuenta propia. Ello no impide, sin embargo, considerar la necesidad de algunas licencias que constituyen, sino un requisito para la creación de la empresa, sí un presupuesto para su desempeño con la debida regularidad.

Esto nos colocaría ante la disyuntiva de pasar a un sistema más simple y directo de inscripción de los nuevos sujetos, concediendo una importancia mayor a la intervención notarial en la formalización de la
voluntad de los nuevos empresarios; a la par que contribuye a dotar a esta de la requerida legalidad y seguridad jurídica, como presupuesto indispensable para su ulterior registro, con los consiguientes efectos constitutivos y de control.

Registro

¿Se inscribe en el registro mercantil? ¿En otros registros?
En este nuevo escenario parece llamada a cobrar una mayor relevancia la inscripción de los sujetos y, en consecuencia, la función registral, con fundamento en lo establecido en el Código Civil cubano[20] y con sujeción a la normativa general recién adoptada en materia de registros.[21] Sobre la importancia del ingreso del nuevo actor económico al espacio de la economía formal, se ha enfatizado por los organismos internacionales[22] en la conveniencia de garantizar su accesibilidad, simplicidad y transparencia.

En nuestro caso, la responsabilidad (salvo el diseño de un registro alternativo, que quizás no hay por qué excluir) pudiera recaer, de manera natural, en el Registro Mercantil[23], institución de larga vida, a cargo del Ministerio de Justicia. Esta institución fue readaptada al proceso de reordenamiento empresarial a inicios del año 2000 y cuyo cometido es, justamente, el de inscribir al universo de actores económicos que desarrollan su actividad en territorio nacional. Ello comprende no solo a las empresas estatales, sino también a las sociedades mercantiles, a las empresas mixtas y de capital totalmente extranjero, o a personas naturales extranjeras, autorizadas a operar en Cuba, sucursales de sociedades mercantiles extranjeras, y otros sujetos, como es el caso de las cooperativas no agropecuarias, de reciente incorporación al registro, y cuya organización territorial, descentralizada, puede favorecer en
principio la inscripción de la pequeña empresa privada.

Junto a este siempre van a operar otros muchos registros, de carácter general unos (como el Registro de Contribuyentes), o relacionados con la naturaleza de la actividad económica (como pudieran ser los casos del Registro Central Comercial, el Registro de Constructores y Proyectistas, el Registro Nacional de Agencias de Viajes, el Registro de Operadores de Turismo, o el Registro de Operadores del Transporte),
que muy probablemente tendrían que poner al día sus normas reguladoras para hacerle el espacio necesario al nuevo sujeto.

Limitación

¿Con límite para inscribir más de una empresa? ¿Con límite de capital? ¿Con límite del número de trabajadores?

A su vez, quizá deba examinarse, en aras de promover y asegurar la mayor transparencia, la conveniencia o no de fijar, desde sus inicios, algún criterio limitativo de esta titularidad empresarial, a fin de evitar la acumulación de riqueza más allá de un punto. De esta manera opera el criterio límite de las cinco caballerías en el reconocimiento de la propiedad agraria, o para el otorgamiento de tierras en
usufructo, de forma tal que se preserve el sentido de complementariedad que se le reconoce, y no constituya una fuente de enriquecimiento que tienda a incrementar la desigualdad.

En primer término, habría que considerar si el hecho de tener inscrita una pequeña empresa, impide a su titular inscribir una nueva, afín o complementaria a aquella, o completamente independiente a esta. Esta limitación, sin embargo, no deja de ser una restricción sumamente vulnerable que, sin perjuicio de resultar a la larga inoperante, puede sumergir actividades que es importante mantener en el espacio formal.

En esa propia dirección, habría que considerar si limitaciones en cuanto al capital o al número de trabajadores, pudieran ser más susceptibles de asumir e implementar, en el entendido de que se trata
de pequeñas y medianas empresas, cuyos activos pueden tener un determinado “enmarcamiento” para su reconocimiento y clasificación como tales. Sin embargo, no hay que perder de vista la posibilidad cierta de que, al contar con más de una pequeña empresa, pudieran vulnerarse los límites que en tal sentido se consideren de razón fijar.

En tal sentido, es posible que no sea conveniente fijar fronteras que luego, atendiendo a las características de la actividad económica a la que se dedique la pequeña o mediana empresa, pudiera ser necesario o aconsejable desconocer; máxime cuando el criterio discrecional puede ser un factor de alto riesgo, y hacer exigible que cualquier restricción o prohibición asociada a un criterio de limitación de las dimensiones ?o proyecciones? de la pequeña empresa, deba hacerse con toda transparencia y la necesaria motivación de la decisión.

Quizás los verdaderos límites estén en el principio de complementariedad[24] inherente al nuevo modelo económico cubano. Solo en tanto la empresa estatal se afirme en su protagonismo y alcance los
niveles de productividad y eficiencia a que está llamada como administradora de la propiedad social, la empresa privada se mantendrá dentro de los márgenes que el funcionamiento de la economía le reconozca y posibilite.

De lo contrario, no dudo que más que el principio de complementariedad, opere entonces un principio de subsidiaridad “inverso” y en todos aquellos espacios en los que la empresa estatal no alcance a desempeñarse y mostrar su capacidad y competitividad para satisfacer necesidades y expectativas, la economía privada, con su mayor ductilidad y capacidad mimética, cubrirá esos espacios con la mayor naturalidad y con la aceptación de toda la sociedad.

Personalidad Jurídica

¿Con personalidad jurídica propia? ¿Con limitación de su responsabilidad?

Es este, quizás, uno de los aspectos de mayor sensibilidad en la proyección del marco legal de la nueva pequeña empresa cubana. La posibilidad de dotar a esta de una personalidad independiente de la de su titular, separando ambos patrimonios, parece ser algo en lo que el legislador debe centrar su atención. No es que no pueda operar un sujeto que carezca de personalidad; es que cambia la forma en la que puede actuar y la vinculación y efectos de sus actos y el alcance de su responsabilidad.

En esta última dirección, la limitación o no de la responsabilidad de la pequeña empresa privada, es quizás uno de los aspectos de mayor relevancia en el ordenamiento que se proyecte. La práctica internacional y las actuales proyecciones legislativas en materia de pequeña y mediana empresa, se mueven en esa dirección[25]. No hay que pensar en mirar nosotros para el lado contrario, pero ello requiere de un diseño ajustado a nuestra realidad.

Asociación

¿Con derechos para asociarse? ¿Con posibilidades de fusión futura? ¿Con qué limitaciones? ¿Con posibilidades de variar para formas societarias o cooperativas?

No cabe mucho espacio a duda de que el derecho de asociación es uno de los derechos fundamentales que con mayor rapidez se está redimensionando. Y el legislador se encuentra en el centro de este
proceso.

Al igual que en el caso de las cooperativas o de las sociedades, el derecho de asociación se encuentra en la base de la creación de la pequeña empresa, cuando no se trate de un único titular. Y una vez constituida esta, hay que pensar que, en tanto actor económico, debe contar con el derecho de asociarse a otros actores, ya sea con carácter temporal o definitivo. Quizás, incluso, dando paso en este
último caso a los supuestos de fusión, que igualmente sería conveniente que el legislador se adelantara a considerar.

Por otra parte, las redes y encadenamientos productivos no dejan de servirse y de tener por base, en buena medida, criterios flexibles de asociación. Entorpecer estos no es el camino para hacer crecer la
pequeña empresa. No por ello deben dejar de existir, quizás, condiciones a satisfacer para el ejercicio de este derecho, en aquellos supuestos en que, por estos medios se vulneren o rebasen aquellos “límites” que se asuman para actuar como pequeña o mediana empresa.

Comercio Exterior e Inversión extrajera

¿Con acceso al comercio exterior? ¿Con acceso a la inversión extranjera?

El monopolio del comercio exterior por parte del Estado cubano cesó con la reforma constitucional de 1992[26], quedando en su lugar la atribución de su control al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Es este el organismo facultado expresamente para autorizar o no las operaciones de comercio exterior de los diferentes sujetos, aprobándole a estos una determinada nomenclatura y la
facultad de hacer operaciones de importación o exportación, indistintamente, o ambas, por un tiempo determinado o con carácter permanente. Todo ello con sujeción a un reglamento para las operaciones de comercio exterior aprobado por dicho organismo[27].

Conforme a este reglamento, cualquier entidad o persona jurídica ?y las nuevas pequeñas empresas privadas tendrían esta condición? Puede ser autorizada a realizar este tipo de operaciones. Por lo que es un espacio que, conforme se vaya requiriendo como parte de la política dirigida a respaldar el desarrollo de las formas no estatales de producción, podrá dar entrada a los nuevos sujetos con una nomenclatura propia, empleando el mecanismo arancelario para estimular o desestimular, en su caso, la realización de estas operaciones, cuya gestión de compra, financiamiento y transportación tendrían que correr a su cargo.

Por otra parte, uno de los cambios más significativos introducidos por la nueva Ley de Inversión Extranjera[28], de cara a las transformaciones en curso, lo constituye justamente el hecho de contemplar la posibilidad de que el inversor extranjero pueda asociarse a entidades no estatales[29], como sería el caso de la pequeña empresa privada. Nada impide tampoco que se autorice, por la autoridad correspondiente, que estos nuevos sujetos, en la medida en que consolidan su actividad, puedan asociarse a inversores extranjeros bajo alguna de las modalidades previstas. Esto puede tener lugar, en un primer momento, mediante los llamados contratos de prestación de servicios profesionales, o de asociación productiva.

En nada altera esto el actual sistema de inversión extranjera en Cuba, que asegura un análisis puntual de cada propuesta de inversión, que debe ser objeto de examen y aprobación previa, a fin de constatar su
coincidencia con los requerimientos de desarrollo del país y los beneficios que debe reportar a este en cuanto a acceso a mercado, tecnología o financiamiento, más allá de las ventajas que pueda reportar a las partes.

Asistencia legal y solución de conflictos

¿Con que asistencia legal? ¿Con acceso a qué jurisdicción para resolver qué conflictos? ¿Con qué régimen para el supuesto de insolvencia?

Hay poco espacio a dudas en cuanto a la necesidad de que el pequeño empresario debe contar con un adecuado asesoramiento legal y financiero. No parece ser el caso, sin embargo, de que las firmas consultoras ?estatales o privadas? cuenten con la presencia y la accesibilidad necesarias. No creo, entonces, que se pueda dejar de pensar en el (re)diseño de la asistencia legal y financiera que requiera la pequeña y mediana empresa.

Aún subsisten, por otra parte, criterios que impiden la incorporación de profesionales del derecho a las nuevas estructuras productivas. Este ha sido, y sigue siendo, el caso de las cooperativas. Otro tanto pudiera ocurrirle a la pequeña empresa privada. Puede ser importante entonces pensar en cómo hacerle accesible esta al pequeño y mediano empresariado.

Y en sede judicial, la diversidad de conflictos de los que puede ser parte en el futuro la pequeña empresa, tanto en la esfera de las relaciones laborales o societarias, obliga por último a reflexionar en cuanto a la tutela de sus derechos e intereses por los tribunales. Aun cuando la mayor parte de estos espacios parecen acoger, sin mayores problemas, al nuevo actor económico y garantizarle la debida tutela, no es ocioso advertir que se trata de un sujeto que hasta el presente no ha sido tomado en consideración al proyectar el funcionamiento del sistema de tribunales.

Más que la necesidad de interpretar de manera extensiva o evolutiva la actual normativa procesal, se trata quizás de incluir en estas las previsiones necesarias. Es en este sentido que el legislador, previendo, quizás deba indagar igualmente en esta dirección. Entre otras muchas razones para ello habría que considerar, en particular, la ausencia de un régimen que contemple la insolvencia del pequeño empresario.

Responsabilidad social

¿Con empleo decente y responsabilidad social empresarial o corporativa?

Más allá de la responsabilidad que contrae la pequeña empresa por el cumplimiento de sus obligaciones, al estar insertada en un sistema de economía socialista, en la que prevalecen los intereses sociales, debe proyectar su actividad con una determinada vocación social.

Y esta responsabilidad se expresa y se concreta tanto al interior de la empresa (atendiendo, de manera particular, a los intereses y necesidades del colectivo de trabajadores, asegurando el respeto a sus derechos y la creación de un medio adecuado para el desempeño de estos en condiciones de seguridad), como también hacia el exterior (en su entorno y en sus relaciones con la comunidad, con la que interactúa en el desarrollo de su actividad).

No hay que perder de vista que siendo la pequeña o mediana empresa privada una fuente de empleo y de trabajo asalariado, debe dar lugar a un plus valor que no va a ser distribuido más allá de un punto entre los trabajadores que lo generan. En tal sentido, con independencia de su participación en la redistribución mediante el pago de los tributos, es conveniente promover esta otra forma de responsabilidad social, más directa, que permite una participación más efectiva de estas formas empresariales en la solución de los problemas de la comunidad.

A la nueva pequeña empresa, entonces, no le debieran ser ajenas, desde su instauración, las exigencias propias del empleo decente y la responsabilidad social empresarial. Aun cuando no sean estos verdaderos imperativos de carácter estrictamente legal, deben formar parte, sin embargo, de una ética empresarial y no dejarse a la espontaneidad, prefigurándose como un presupuesto de su desempeño.

Transición

¿Con qué transición de las actuales formas? ¿Voluntaria u obligada?

Por último, sin que por ello sea menos importante, quizás el legislador deba considerar de manera particular cómo es que se puede producir la transición de las actuales formas de gestión no estatal hacia la nueva figura. La forma en que se ha llevado a cabo en el caso de las cooperativas no agropecuarias, por una parte, derivada de decisiones adoptadas desde las estructuras administrativas, y con evidente entorpecimiento para hacerle espacio a la asociación voluntaria que declara promover, no parece constituir un buen referente.

En tal sentido, considerando que se trata ante todo de una opción voluntaria del nuevo empresario, que debe ser quien decida ?porque le resulte ventajoso? adoptar la forma de empresa, los cauces para ello,
pienso, deben estar desprovistos de mecanismos de consulta o autorización que dilaten o difieran, de manera arbitraria, el proceso de su creación.

Notas:

[1] “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” documento programático aprobado por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en su VII Congreso, abril de
2016, apartados 173 al 186.
[2] En el artículo 21 del texto constitucional cubano, se reconoce la “propiedad personal”, comprendida aquella sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, con la restricción de que “no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.”
[3] “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” ibídem, apartados 181 y 182.
[4] Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en el 2014 existían 1992 empresas estatales, 229 sociedades mercantiles, 1764 unidades básicas de producción cooperativa, 903
cooperativas de producción agropecuaria, 2504 cooperativas de créditos y servicios y 345 cooperativas no agropecuarias.
[5] Decreto no. 42 de fecha 24 de mayo de 1979, “Reglamento General de la Empresa Estatal”, Gaceta Oficial Ordinaria no. 16 de fecha 4 de junio de 1979.
[6] “Normas sobre la Unión y la Empresa Estatales”, aprobadas por Acuerdo del CECM, de fecha 7 de julio de 1988, publicadas en Gaceta Oficial Ordinaria no. 34 de fecha 8 de junio de 1989
[7] Decreto Ley no 187 de 13 de agosto de 1998, “De las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial, Gaceta Oficial Ordinaria no. 45 de 25 de agosto de 1998
[8] Decreto Ley no 252 “Sobre la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano”, y Decreto 281 “Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal”, ambas disposiciones de fecha 7 de agosto de 2007 y publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 17 de agosto de 2007

[9] Decreto Ley no. 276 de 30 septiembre de 2010, modificativo del Decreto Ley no. 252, y Decreto 284 de 30 de septiembre de 2010, modificativo del Decreto 281, Gaceta Oficial Especial de 1ro. De octubre de 2010.
[10] Decreto Ley no. 320 de 30 de enero de 2014, modificativo del Decreto Ley no. 252, y Decreto 323 de 4 de marzo de 2014, modificativo del Decreto 281, Gaceta Oficial Extraordinaria no. 21 de 28 de abril de 2014.
[11] Código de Comercio de Cuba, de 22 de agosto de 1885, hecho extensivo a Cuba por Real Decreto de 28 de enero de 1886.
[12] Ley no. 118 “Ley de la Inversión Extranjera” de 29 de marzo de 2014, Gaceta Oficial Extraordinaria no 20 de 16 de abril de 2014.
[13] Ley no. 95 “De las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios” Gaceta Oficial Ordinaria de 29 de noviembre de 2002
[14] Decreto Ley no. 142, “De las Unidades Básicas de Producción Cooperativa” de 20 de septiembre de 1993.
[15] Decreto Ley no. 305 “De las cooperativas no agropecuarias”, de 15 de noviembre de 2012, Gaceta Oficial Extraordinaria no. 53 de 11 de diciembre de 2012.
[16] La Constitución de la República, artículo 20, en su actual en realidad se limita a autorizar a los pequeños agricultores a asociarse a los fines de la producción agropecuaria o la obtención de créditos y
servicios; de ahí la necesidad de incluir un nuevo precepto en el texto constitucional que consagre, de manera general, el derecho de asociación con fines económicos, en el que encontraría asiento la nueva pequeña empresa privada, y fundamento constitucional la creación de cooperativas de todo tipo.
[17] CNUDMI, Grupo de Trabajo I (Microempresas y pequeñas y medianas empresas) A/CN.9/WG.I/WP.82. 22 período de sesiones, Nueva York, 10 al 14 de febrero de 2014. Microempresas y pequeñas y medianas empresas. Características de los regímenes simplificados de constitución de empresas.
[18] Tales como son los casos de Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, en la región, y se comienza a implementar hoy en la Unión Europea, a partir de la propuesta de directiva del parlamento europeo y del consejo relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, Bruselas 9/4/2014. Ver CNUDMI A/CN.9/WG.I/WP.86/Add.1 ”Proyecto de ley modelo sobre las entidades mercantiles unipersonales” Grupo de Trabajo I, Viena, noviembre de 2014.
[19] Ministerio de Economía y Planificación, “Indicaciones para la definición y modificación de los objetos sociales”, Resolución no. 134 de fecha 30 de abril de 2013, Gaceta Oficial ordinaria de 20 se mayo de 2013
[20] Ley no. 59 de 1987 “Código Civil de la República de Cuba, Art. 108.- La constitución y extinción de las personas jurídicas se anotan o inscriben en los registros públicos que determinen las leyes.
[21] Decreto Ley no. 335 “Del sistema de Registros Públicos de la República de Cuba”, de fechan20 de noviembre de 2015, Gaceta Oficial Extraordinaria no. 40 de fecha 14 de diciembre de 2015
[22] CNUDMI A/CN.9/WG.I/WP.85, “Las mejores prácticas de inscripción registral de las empresas” Nota de la Secretaria, Viena, noviembre de 2014
[23] Instituido por el Código de Comercio de 1885, hecho extensivo a Cuba en 1886, artículos 16 al 32, derogados mediante el Decreto Ley no. 226 “Del Registro Mercantil” de 6 de diciembre de 2001, que regula actualmente su organización y funcionamiento.
[24] A diferencia del “principio de subsidiaridad”, propio del liberalismo, conforme al cual el estado está llamado a intervenir en la economía solo subsidiariamente, en la media en que el mercado y la empresa privada presenten limitaciones o disfuncionalidades que lo hagan necesario, el “principio de complementariedad” reconoce la compatibilidad de la actividad empresarial del estado con otras formas de gestión no estatal, tal y como se proyecta en la conceptualización del modelo económico cubano.
[25] CNUDMI, A/CN.9/WG.I/WP.86, “Microempresas y pequeñas y medianas empresas. Cuestiones jurídicas relativas a la simplificación de la constitución de sociedades.” pp. 7 y 8. Grupo de Trabajo no. I, Viena, 17 a 21 de noviembre de 2014
[26] Constitución de la Republica, articulo 18. Según este precepto corresponde a la ley establecer las instituciones y autoridades estatales facultadas para “determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas operaciones de exportación e importación…”
[27] Resolución no. 50 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, “Reglamento General sobre la actividad de importación y exportación” de 3 de marzo de 2014, Gaceta oficial Extraordinaria no. 13 de 12 de marzo de 2014.
[28] Ley no. 118, “Ley de la Inversión Extranjera” de 29 de marzo de 2014, Gaceta Oficial Extraordinaria no. 20 de 16 de abril de 2014.
[29] Al definir al Inversionista Nacional como “persona jurídica de nacionalidad cubana, con domicilio en el territorio nacional, que participa como accionista en una empresa mixta o sea parte en un contrato de asociación económica internacional.”
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Publicado el marzo 14, 2019 en Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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