ABANA INSIDER: FEBRERO 20/2019

insider

/ LA HABANA, CUBA/ EDICION 1186/ ISSN en proceso
Editor: Abelardo G. Mena Chicuri Contacto: menaabelardo@gmail.com
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ENCUENTRO CON ESTHER SUÁREZ DURÁN
VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019
HORA: 3:00 P.M. (15:00 HORAS)
LUGAR: CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA. MALECÓN NÚM. 17, ENTRE PRADO Y CÁRCEL

El próximo viernes 22 de febrero de 2019, a las 3:00 de la tarde, en el Centro Hispanoamericano de Cultura, el espacio Ars Narrandi contará con la presencia de Esther Suárez Durán, quien leerá textos suyos y conversará con los asistentes. Socióloga, dramaturga, narradora, ensayista, crítica teatral, guionista de radio y TV de amplia trayectoria, Esther es una de la prominentes figuras de la intelectualidad de nuestro país. Ha publicado títulos en los géneros de teatro (para adultos y niños), narrativa, testimonio y ensayo. Varias de sus obras dramáticas han sido representadas en Cuba, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y España. Posee la distinción Por la Cultura Nacional que otorga el Ministro de Cultura, y el Premio Especial La Rosa Blanca, por la calidad de su trayectoria en la creación literaria destinada a niños y jóvenes.
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PRIMERO VENEZUELA, DESPUÉS CUBA? (ELPAIS)/ DÍAZ-CANEL “POR QUÉ NO HACEMOS LO QUE HACE EL SECTOR NO ESTATAL?2 (DDC)/ MI 24 DE FEBRERO (CUBAPOSIBLE)/ EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS
(PERIODISMO DE BARRIO)/ QUÉ PODRÍA HACER EL GOBIERNO CUBANO EN EL ESCENARIO VIRTUAL? (PERIODISMO DE BARRIO)/ QUIÉN ERES, ETECSA? (PERIODISMO DE BARRIO)
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PRIMERO VENEZUELA, DESPUÉS CUBA?

Por Mauricio Vicent

Cuba se enfrenta de nuevo a un momento crucial 60 años después del triunfo de la revolución de Fidel Castro. La crisis en Venezuela y la ofensiva desbocada de EE UU para acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro han puesto a La Habana en guardia otra vez. “Primero Venezuela, después Cuba” es el mantra que late hoy en el discurso de viejos halcones de la Guerra Fría rescatados por la Administración de Trump junto a congresistas y políticos cubanoamericanos como Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone, en quienes el presidente ha delegado la responsabilidad de implementar en la región su lema de “Hacer América grande otra vez”. Ya no es el “eje del mal” de Bush, es la “troika de la tiranía”, según la definió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, para añadir que “cada esquina de ella [Caracas, La Habana y Managua] debe caer”. La advertencia está ahí. Pero el Gobierno cubano tiene seis décadas de experiencia en resistir.

No hay que olvidarlo: Cuba salía de la pesadilla del Periodo Especial cuando, en febrero de 1999, Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela. Y se hizo la luz. Entre 1991 y 1994, luego de la desintegración de la Unión Soviética, el PIB cubano había caído un 35%. Con Moscú la isla realizaba el 70% de sus intercambios comerciales y de allí procedía, subvencionado, todo el petróleo. A Cuba —literalmente— se le hizo de noche. Y EE UU aumentó la presión. Para desincentivar las inversiones extranjeras, Washington aprobó las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), y grupos del exilio violento pusieron bombas en hoteles de La Habana para espantar a los turistas.

Cuba emprendió un controlado proceso de reformas para sobrevivir: legalizó el dólar, inició una apertura al sector privado y apostó por el turismo y las empresas mixtas, y, aunque por el camino se quebró la sociedad igualitarista que había sido bandera de la revolución, las medidas ayudaron a superar el colapso y a que mejorasen las cifras macroeconómicas. Pero la situación no se consolidó hasta la llegada de la revolución bolivariana.

Poco antes de la muerte de Chávez (2013), Venezuela llegó a concentrar el 44% del volumen total del comercio externo de la isla. Caracas compraba anualmente servicios profesionales cubanos —de médicos, enfermeras, maestros— por más de 5.000 millones de dólares, 40.000 colaboradores trabajaban en el país sudamericano y la isla recibía 105.000 barriles diarios, que cubrían el 60% de sus necesidades de petróleo, a precios preferenciales.

Con Maduro las relaciones privilegiadas se mantuvieron, pero los suministros y los intercambios fueron menguando debido a la crisis interna venezolana. Hoy a La Habana llegan unos 50.000 barriles diarios de petróleo y el número de médicos y colaboradores cubanos en Venezuela ronda los 20.000. Aun así, Caracas sigue siendo el primer socio económico de La Habana, con un intercambio comercial superior a los 2.000 millones de dólares, cerca del 12% del PIB de la isla, pero lejos del 20% que llegó a representar años atrás.

Obviamente, lo que sucede en Venezuela se vive en Cuba en carne propia: el golpe de Estado a Chávez en 2002, los comicios que ganó la oposición a Maduro en 2015; momentos críticos ha habido muchos, pero para Cuba quizá ninguno como este. No se trata solo de las repercusiones que un cambio en Venezuela puedan tener en la isla. En caso de suspenderse abruptamente los intercambios, la caída del PIB cubano podría ser del 10%, según cálculos de economistas como Carmelo Mesa-Lago y Pavel Vidal.

Pero más allá del mazazo económico, La Habana contempla con inquietud el escenario en el que esta desestabilización se produce: con una abierta derechización en el continente y una Administración de Trump en manos de viejos halcones y de anticastristas furibundos como Rubio y Claver-Carone. “Que nadie se equivoque, el verdadero objetivo de esta gente somos nosotros”, admiten en Cuba.

La estrategia de Washington con Venezuela está clara. Con Cuba en vísperas de celebrar un referéndum —previsto el próximo domingo 24 de febrero— para aprobar una reforma constitucional que ha provocado una discusión inédita y con la economía en estado de extrema tensión, empieza a esbozarse una idea: que la isla quede incluida de nuevo en la lista de países patrocinadores del terrorismo —de la que la había sacado Obama en 2015— y activar el título III de la ley Helms-Burton, que permitiría a los cubanoamericanos demandar a individuos y compañías extranjeras por propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba.

Una vuelta de tuerca más a la presión y al miedo, para propiciar el aislamiento. El miércoles, el embajador español en La Habana, Juan Fernández Trigo, declaraba que ni España ni Europa aceptarían medidas extraterritoriales. Ese mismo día Trump anunciaba que tenía un plan B, C, D, E y F para Venezuela, y el jueves el canciller cubano, Bruno Rodríguez, advertía de movimientos de tropas norteamericanas en la región como preludio de una invasión.

“Los tiempos de la Guerra Fría han vuelto”. Lo decía un importante socio extranjero de La Habana, tras señalar que hoy la economía cubana está más preparada que antes para asumir el impacto de un cambio abrupto en Venezuela, aunque el golpe sería muy duro. “Sesenta años después del triunfo de la revolución, Cuba ha demostrado que tiene un máster en supervivencia, pero la situación es inédita”.

Es cierto. Ya no está Chávez. Ni Fidel. Ni Obama. Y la sociedad cubana está cambiando. Y habrá que ver ahora qué llama alumbra.
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DÍAZ-CANEL “POR QUÉ NO HACEMOS LO QUE HACE EL SECTOR NO ESTATAL?”

El gobernante Miguel Díaz-Canel propuso este martes que los comercios, restaurantes y servicios estatales de Cuba imiten fórmulas del sector privado para resolver sus problemas endémicos, como la ineficiencia, la mala atención al público o el robo de recursos.

El funcionario se preguntó “por qué no hacemos lo que hace el sector no estatal” durante su asistencia a la presentación del balance de 2018 y proyecciones para 2019 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) cubano. Díaz-Canel, cuyas palabras fueron recogidas por la agencia estatal ACN, también afirmó que “lo estatal no puede ser lo más feo” y exigió orden, armonía y limpieza en los establecimientos comerciales públicos, superados en estos aspectos por los nuevos negocios privados surgidos en la última década tras la moderada apertura económica de Raúl Castro.

El MINCIN, que gestiona 26 actividades comerciales con un total de 158.000 trabajadores, señaló en su balance numerosos problemas, desde resultados negativos e impagos de los comercios estatales o la falta de un mercado mayorista hasta “indisciplinas y violaciones”. En este sentido, el gobernante cubano apuntó directamente a la corrupción de funcionarios que presuntamente llevan a cabo hurtos de materiales y productos, lo que influye negativamente en la productividad, y reiteró que “el presupuesto del Estado no se usará para pagar robos”. Asimismo, instó a los responsables de los comercios estatales a hacer uso de las nuevas tecnologías y a “tener inquietud revolucionaria”, esto es, “molestarse cuando las cosas se hacen mal, cuando se entorpece”, así como a sensibilizarse con los problemas de los ciudadanos.

No es la primera vez que un informe del Gobierno cubano revela resultados deficientes o prácticas irregulares en los establecimientos estatales. Además del sector estatal, que continúa siendo el mayoritario en Cuba, existen algo más de medio millón de personas que ejercen por cuenta propia sus negocios en varias actividades autorizadas por el Gobierno, desde el alquiler de viviendas hasta peluquerías, restaurantes y otros servicios especializados.
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MI 24 DE FEBRERO
https://cubaposible.com/mi-24-de-febrero/

Por Victor Fowler

El próximo domingo es 24 de febrero, va a tener lugar la votación para la aprobación (o no) de la propuesta de nueva Constitución para el país, y es también el día de mi cumpleaños 59: “Dios mediante”, “Gracias a Dios” o “Con el favor de Dios”, lo dejo a la elección de cada quien. Imagino que habrá algunas llamadas de amigos, salutaciones de Facebook, bromas matutinas de los hijos y dejaremos lo mejor de la semana para esa tarde de domingo… me refiero a los instantes culinarios.

Dentro de otras cosas, me hubiera gustado que la Constitución incluyera un acápite especialmente dedicado a la (ina)movilidad de los dirigentes sindicales; otro que brindara protección y estímulo a la crítica; más un tercero para ofrecer garantías a las inversiones en el país de nacionales del país; una aceptación más reposada de las diferencias de desarrollo interno (geográficas tanto como sectoriales o de estamentos),así como mayor énfasis en el progreso y la innovación.

La cuestión de los sindicatos es esencial, porque nos habla del trabajo en toda la extensión de su abanico: definición de las metas y cumplimientos de los planes, condiciones laborales, presiones por parte de directivos, transparencia, obediencia, etc. La cuestión de la crítica (su defensa, protección, estímulo y colocación en primer plano del interés estatal), así definida, debería de ser uno de los elementos diferenciadores, particulares y característicos del socialismo como sistema.

Es claro que enlaza o engrampa, como si de una maquinaria se tratara, con la cuestión de la inamovilidad de los dirigentes sindicales. Mientras que, durante los debates televisados acerca del Anteproyecto de Constitución, escuchamos numerosas intervenciones a propósito de “concentración de la propiedad” y “concentración de la riqueza”, nada se dijo de la concentración del poder o, al menos, no en esos términos. Y aquí viene un problema de la lógica, estructura y modos de funcionamiento de un modelo socialista. Si la concentración de la propiedad es su más evidente extremo negativo -dado que regresaría el sistema a operar bajo las lógicas del capital (a no ser que imaginemos una cadena de “propietarios saint-simonianos”)-, entonces la propiedad oscurece y oculta su reverso: la amenaza de la concentración del poder.

Dicho de otro modo: en un sistema donde –por definición- no hay concentración de la propiedad (que es la garantía última del poder en los sistemas basados en la desigualdad), la clave de funcionamiento es violentamente desplazada al poder y, entonces, la verdadera batalla resulta la que se da entre la utilización autoritaria y burocrática del poder, o su utilización democrática y auténticamente participativa.

La diferenciación no se fundamenta en dinero, sino en redes de clientelismo, contactos, relaciones, conexiones, acceso a espacios y momentos que son traducibles al tipo de distinción que ofrece una cuenta de banco sólida en aquellos modelos en los que el dinero es la llave maestra para el éxito social.
De ahí que, para enfrentar este punto de conflicto en el modelo, el socialismo necesita (como ningún otro modelo social) de la más transparente democratización, participación, debate social y apertura a la crítica.

Proponer esto en condiciones como las presentes en la esfera internacional es un gesto cercano a la locura, pero olvidar, negar o apartarlo, con asco o con miedo, empuja al suicidio del sistema. La única salida para este laberinto imposible parecen ser la extensión, intensidad creciente, profundización y radicalidad de la participación popular en el poder y el ejemplo de aquel a quien Guevara denominó “columna vertebral de la Revolución”: los cuadros. Por eso, creo que la vocación crítica y autocrítica de la Revolución merecía mayor atención en la nueva Constitución.

En cuanto a la protección para potenciales inversores nacionales (personas que deseen inyectar sus ganancias en función de un ciclo de reproducción ampliada dentro del país), sigo creyendo que es un tema que necesita ser pensado con suma profundidad, inteligencia y ausencia de prejuicios. De un lado está el peligro de crear una nueva clase de propietarios despiadados; del otro, empuja a una sangría (vía exportación) de capitales al mismo tiempo que obligar, prácticamente, a una suerte de extraña auto-parálisis.

Desde el punto de vista práctico esto lleva a una no-demonización del propietario (en esa cadena de entidades interconectadas que Althusser llamó “aparatos ideológicos del Estado”) y, contrario a ello, el reconocimiento y elogio del servicio a la comunidad y la plasmación pública de una vocación nacionalista. También aquí, se debería hallar los modos de no desestimular el desarrollo de estos nuevos sectores económicos dentro de “los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social” (artículo 30).

Eso que llamé antes “una aceptación más reposada de las diferencias de desarrollo interno (geográficas tanto como sectoriales o de estamentos)” se refiere a la necesidad de disminuir fantasías, triunfalismos y monstruosidades conceptuales sobre la base de una visión realista del país y sus gentes, los procesos y sus consecuencias, el tiempo y el mundo que nos rodea. Me refiero a una visión que posibilite, con madurez, resaltar la necesidad de poner en primer plano la lucha contra la pobreza y otras debilidades de este corte que pueda enseñar el modelo.

Sin duda alguna, una condición acompañante de lo anterior sería conceder mayor énfasis a los temas del progreso y de la innovación; una Constitución es un documento de referencia que posee una función modélica y orientadora del discurso. La lógica del desarrollo es impregnar, con su lenguaje, universo conceptual y energía, hasta los niveles más bajos del país, entendido este como un sistema.

El artículo 55, dedicado a definir la propiedad sobre los medios fundamentales de comunicación social (“en cualquiera de sus manifestaciones y soportes”), señalados como “de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas” hace desear la llegada de una ley de comunicaciones que, al menos, intente “pensar” el lugar de los medios “no-fundamentales” de comunicación. Dicho de otro modo, un acercamiento fundamentado en la realidad de las nuevas tecnologías de comunicación e informática, y su utilización progresiva para transmitir contenidos y crear comunidades.

En paralelo a lo dicho, me gustó que el Estado reconozca (en el artículo 21) su voluntad de promover “el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social.” O que, en el artículo 21, se reconozca a todas las personas el derecho a “solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”; en este punto, el cambio es crucial, pues la propuesta anterior respecto a lo mismo (artículo 56, del Anteproyecto) sólo reconocía el derecho a “recibir del Estado.”

El artículo 61, que reconoce a las personas el derecho a “dirigir quejas y peticiones a las autoridades” contiene interesantes variaciones si se le compara con la propuesta sobre lo mismo en el Anteproyecto; allí, las autoridades quedaban “obligadas a tramitarlas en plazo adecuado, dando las respuestas oportunas y pertinentes de conformidad con la ley.”

En la nueva formulación, las autoridades “están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley.” Este énfasis, a nivel de documento constitucional, según el cual se indica a las autoridades su obligación de tramitar, ser pertinente (no desviar ni manipular o mentir), fundamentar y obedecer plazos debe ser complementado con el contenido de los artículos 98 y 99, que abren espacio para acciones jurídicas en defensa de aquellas personas que sufran “daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos” lo mismo que para aquellos a quienes les sean vulnerados “los derechos consagrados en esta Constitución” por parte de “órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales.”

Es una enorme responsabilidad.

También me complace la ampliación de las protecciones a la persona a través de las etapas del llamado “debido proceso” e imagino que otras posibles pasen a formar parte de lo que habrá de ser reformado en el Código Penal.

Me hubiera gustado la inclusión de algún sitio en la estructura del Estado-Gobierno que, de modo rotundo, asuma las funciones de un Tribunal de Garantías Constitucionales y de una Sala dedicada a dirimir conflictos de la Administración Pública; estos últimos, si no me equivoco, se van a multiplicar de modo acelerado cuando en la vida cotidiana empiece a ganar cuerpo la autonomía municipal, propuesta que se deberá de ejercer, según indica el documento: “de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación” (artículo 169).

Uno de los más promisorios contenidos de la Constitución a votar es lo que resulta al combinar el artículo 168 (donde se detallan las características del municipio como “unidad política-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional” y, dentro de ellas, el hecho de que goza de “autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales”) con el contenido del artículo 173 (según el cual “el Gobierno Provincial del Poder Popular en el ejercicio de sus funciones y atribuciones no puede asumir ni interferir en las que, por la Constitución y las leyes, se les confieren a los órganos municipales del Poder Popular”).

En cuanto al control de la constitucionalidad, queda éste asignado, en escalas diversas, a la Asamblea Nacional del Poder Popular (artículo 108 e): “ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley”) y a la Fiscalía General de la República (artículo 156. “La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.”) Así enunciado, puede uno suponer que el tipo de control que ejerce la Fiscalía sobre el cumplimiento de la Constitución por “órganos del Estado, entidades y ciudadanos” es diferente a lo que ocupa a la Asamblea Nacional cuando controla la constitucionalidad de “leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales.”

Pero, ¿qué hacer cuando es la propia Asamblea Nacional a quien toca el papel de “aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente, en atención a la índole de la legislación de que se trate”? ¿Cómo podrá verificar y controlar su propia constitucionalidad si no creando un órgano (o Comisión) específico para ello, que opere de manera permanente y que, aún con distinto nombre, se encargue de las funciones de un Tribunal de Garantías Constitucionales?

Para un momento futuro queda en mí, a nivel de deseo, el que sea pensado, entendido y aceptado un tipo tal de ordenamiento constitucional que incluya la llamada “Defensoría del Pueblo”, como una función necesaria en el balance del poder dentro una sociedad como la nuestra. El Defensor del Pueblo sería una figura que, colocada en el nivel jerárquico de la Contraloría y la Fiscalía General de la República, elevaría a un nuevo nivel la obligación de proteger y respetar a los ciudadanos por parte de órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, igual que por propietarios y entes no estatales en toda circunstancia y lugar. Cubriendo el inmenso espacio que va desde derechos del consumidor a derechos humanos, derechos ciudadanos en general, la “Defensoría del Pueblo” puede dar enorme estímulo al fortalecimiento de una sociedad civil socialista.

Prefiero acercarme a un documento constitucional con vocación de interactuar, como se despliega un mapa de lo posible y son destacados los puntos de ataque a partir de los cuales se producen transformaciones en la realidad. Esto significa que, en tiempos venideros, tanto líderes políticos, comunitarios y de asociaciones, como otros transmisores y reproductores de ideas, intelectuales y activistas sociales, cubanos en general, deberán de enfrentar dos grandes batallas simultáneas. La primera, acaso, será el contribuir a que lo excepcional y externo de la Constitución se convierta en cultura de la vida cotidiana, en un lenguaje y contenido internalizado por la ciudadanía.

La otra, no menos importante, va a ser el continuar desarrollando la Constitución a través, tanto del aparato de leyes que deberá de acompañarla, como del análisis riguroso de las fortalezas y debilidades del documento, aquellos aspectos que todavía necesitan y merecen mejoría, así como otros que deberán ser reescritos e introducidos en futuras correcciones a esta Carta Magna.

Lo que trato de decir es que un material de este tipo es sustancia viva, actuante, interactuante, en permanente intercambio con el medio, la ideología, la economía, las instituciones, organizaciones políticas, familias, personas, ideales, fracasos, sueños, oportunidades que se aprovechan o no. Para que viva lo tenemos que hacer vivir.

Estremece recordar que el 27 de enero, en horas de la noche, un tornado sacudió varios barrios de la capital cubana, cobró vidas y destruyó decenas de casas de manera total o parcial. Si esto fue intimidante, no había pasado una semana cuando el primero de febrero, en el valle de Viñales, a una altura de ocho kilómetros, estalló en el aire un meteorito que al entrar en la atmósfera medía 4 metros de diámetro (por su eje más largo) y que en la explosión liberó una energía equivalente a 1,4 kilotones. Asusta imaginar qué pudo pasar en caso de que la explosión hubiese ocurrido más cerca de la Tierra.

El 24 de febrero, agradeciendo a Dios, voy a pasar el día con mi familia: bromeando, compartiendo instantes que luego valga la pena conservar, esperando o respondiendo llamadas, sorpresas. Lo único especial, creo, va a ser la votación de la Constitución. ¿Qué no es perfecta? Lo sé. ¿Qué deberá ser mejorada? Es lo que espero y quisiera. Cualquier Constitución es resultado de negociaciones y balances entre fuerzas diversas. Hasta donde alcanzo a ver, ésta, con sus logros y cautelas, todavía intenta ser el marco jurídico de una sociedad igualitaria en un país pequeño, pobre, hostilizado, asaetado sin piedad por el país más poderoso (lo mismo en términos militares que económicos o de industria cultural) de toda la historia humana.

No conozco otra fórmula de que los desheredados históricos asciendan a la categoría de “persona” sólo por ser seres humanos, y no por poseer alguna cualidad excepcional. Creo que es la única y la última oportunidad de que algo semejante suceda.

O sea, sí.
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EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS

Por Rogelio Serrano (Periodismo de Barrio)

En uno de los sitios de Camagüey que más le gustan, un espacio entre cines llamado El Callejón de los Milagros y dedicado al séptimo arte, converso con el reconocido crítico de cine, profesor e investigador Juan Antonio García Borrero. Uno advierte su dimensión intelectual cuando lo escucha. Las palabras le salen vivas, hondas, certeras. Textos suyos se han publicado en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Francia, Italia y Perú, además de en disímiles revistas cubanas; ha sido jurado de varios eventos nacionales e internacionales; ha impartido clases en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en la Universidad de las Artes (ISA) y en universidades de Estados Unidos, Brasil y España.

Entre su multitud de premios sobresalen los seis de Ensayo e Investigación que concede anualmente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y los dos años consecutivos del Premio Nacional de la Crítica Literaria, que, hasta el momento, han sido las únicas ocasiones en que este galardón ha distinguido textos sobre cine.

Juani, como le conocen sus amigos, creó el Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica y fungió como su coordinador general entre 1993 y 2003, período en el que el evento llegó a considerarse como el más importante de su tipo en Cuba. En la actualidad, tres libros ocupan su tiempo: la Guía crítica del cine cubano de ficción, cuya reedición debe salir por la Editorial Oriente; la segunda parte de la biografía intelectual de Tomás Gutiérrez Alea, que se llamaría Ciudadano Alea; y otro más breve titulado Los testamentos del cine cubano.

A la vez, trabaja con la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano, un proyecto off-line que ya cuenta con más de 6 000 entradas. Sin embargo, sus mayores esfuerzos se concentran en un proyecto sociocultural pensado para impactar la comunidad. No quiere quedarse en la memoria como un hombre de letras y burós. Siempre ha sido inquieto, siempre ha preferido, más que decir, hacer. Al proyecto lo nombró igual que el espacio entre cines en el que conversamos.

¿En qué consiste El Callejón de los Milagros?

Hay quien dice que se trata de una utopía. A mí no me molesta esa calificación, porque al final, efectivamente, hablamos de un proyecto que intenta imaginar un espacio donde el uso creativo de la tecnología, vinculado en este caso al legado que nos ha dejado el cine en su primer siglo de existencia, así como a todo lo que tiene que ver con la cultura audiovisual más contemporánea, ayude a generar soluciones informáticas y servicios culturales para la comunidad. Por lo pronto, estamos hablando de un proyecto que está auspiciado por el Sectorial Provincial de Cultura en Camagüey, la Asociación Hermanos Saíz, el Centro Provincial del Cine y la filial de la Unión de Informáticos de Cuba en esta ciudad.

¿Cómo surge la idea del proyecto?

En el año 2014 tuve la oportunidad de participar en el VIII Congreso de la UNEAC como delegado. Quedé bastante insatisfecho con los debates que allí se generaron y con la ausencia de una mirada, digamos, creativa ante los nuevos escenarios en que vivimos los consumidores de cultura en la Cuba del siglo XXI.

A raíz de ello, y de la intervención final del vicepresidente Miguel Díaz-Canel, quien proponía a los intelectuales allí presentes asumir el desafío de un uso creativo de la tecnología, le propuse al ministro de Cultura, Abel Prieto, la realización de un evento que nos ayudara a obtener un diagnóstico confiable de lo que venía sucediendo, a fin de elaborar estrategias que no partieran del mero impresionismo, sino de lo que la realidad (que siempre será más compleja de lo que el lenguaje humano puede describir) nos indicaba.

Mi propuesta era hacerlo en Camagüey, tomando en cuenta que aquí contamos con una infraestructura única (el Paseo Temático del Cine), que, a mi juicio, sigue estando subutilizada. Por cuestiones de presupuesto, no se pudo realizar en Camagüey, pero sí se organizó con gran éxito en La Habana. En aquel Primer Foro de Consumo Audiovisual, celebrado en el mes de octubre del propio 2014, participaron muchísimos especialistas, y por primera vez se debatió en público y sin prejuicios sobre el Paquete Semanal, los videojuegos y otras modalidades modernas de consumo cultural informal.

Con todas esas consideraciones teóricas, llegamos a la conclusión de que el próximo paso debía estar dirigido a construir una agenda práctica que, como plantearon los situacionistas franceses en su momento, interviniese con alternativas en aquellos espacios donde ya estaba operando la tendencia hegemónica. La idea del proyecto nace de esa conclusión colectiva.

¿Cuándo comienza a funcionar El Callejón de los Milagros en Camagüey?

Como proyecto nace en el mes de febrero de 2016, cuando celebramos aquí en la ciudad el Primer Encuentro sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales. Fue un encuentro bastante modesto porque oficialmente ni siquiera es considerado evento, es decir, no contamos con un presupuesto que nos permita desplegar grandes actividades. Pero fue interesante porque nos permitió trabajar en función de las alianzas estratégicas que queríamos lograr.

Esto es importante resaltarlo, porque todavía hoy algunos piensan que se trata de un evento sobre informática, y no consiguen apreciar que estamos hablando de algo que se vincula a las humanidades digitales. Es decir, aquí estamos hablando de algo esencialmente cultural que, pese a las precariedades de conexión a Internet que existen en Cuba, ya acompaña la vida cotidiana de un gran número de ciudadanos.

¿De su concepción inicial a su actual puesta en marcha ha tenido cambios notables? ¿Cuáles?

A mí me gusta hablar del proyecto como algo que está en permanente construcción, y que es escalable. Es decir, aquí estamos hablando de algo que se está proponiendo un grupo de acciones a lo largo del tiempo.

No se puede lograr todo en un solo momento, porque en todos estos procesos asociados a la informatización de la sociedad la tecnología es importante, pero no menos esencial es la formación de usuarios que sean capaces de hacer un uso creativo de esa tecnología. En este sentido, el proyecto ha conseguido impulsar una red wifi que ilumina todo el Paseo Temático y a cuyo Portal El Callejón de los Milagros se puede acceder de modo gratuito a cualquier hora del día. O sea, que ya tenemos garantizada parte de la tecnología, por lo que ahora viene el desafío más importante, que es formar comunidades de usuarios.

La wifi del proyecto no es muy conocida por el público camagüeyano. ¿Qué acciones se han realizado para acercar esa señal a las personas?

Falta mucho por hacer. Para empezar, ni la televisión ni la radio camagüeyana, que serían los ojos y los oídos de la comunidad, han trabajado en función de este proyecto institucional. Y aquí lo que necesitamos es promoción sistemática, no promoción de un día.

¿Por qué el proyecto no tiene una plantilla fija que dinamice su impacto en la sociedad?

Por las mismas razones a las que aludía antes. Todavía no se ve el proyecto como algo novedoso, sino en todo caso como una extensión de lo que existía antes. El proyecto puede funcionar perfectamente con tres personas (un bibliotecólogo, un informático creativo y un coordinador general), pero obviamente esas tres personas tendrían que estar impregnadas de ese humanismo digital al que hacía referencia antes.

Eres un prolífero autor, de lo que se supone la intensidad intelectual con que vives. ¿Qué tiempo te consume liderar El Callejón de los Milagros?

Ahora mismo mi prioridad es el proyecto El Callejón de los Milagros, lo que, efectivamente, ha afectado el tiempo que antes le dedicaba a la investigación y a la escritura. Con este proyecto he tenido que meterme a veces a ayudante de constructor (rol para el cual no tengo ninguna habilidad), pero lo que más tiempo me consume son las explicaciones que debo dar a fin de argumentar la importancia del proyecto.

El problema es que en Cuba todavía no se tiene una gran claridad de lo que significa la informatización, lo que explica que para algunos resulte difícil asociar el trabajo de un crítico de cine con esto del uso creativo de la tecnología.

A mí no me deja de llamar la atención que en pleno “Período Especial”, con el país atravesando una de sus peores crisis económicas, un grupo de compañeros en Camagüey logramos convencer a los decisores del momento para que apoyaran el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica, que hoy es un referente insoslayable para los estudiosos.

Y, sin embargo, con el proyecto El Callejón de los Milagros no puede decirse lo mismo, pese a que cuenta con el respaldo de la vanguardia política del territorio, y hasta con la buena consideración de Díaz-Canel. Pero aquí tienes un ejemplo de que no todo lo que se respalda de un modo institucional u oficial alcanza fácilmente su objetivo.

En el caso del proyecto, ha tenido que lidiar y sigue lidiando con lo que yo llamaría “la resistencia analógica”, que lo mismo puede provenir de un directivo que de un ciudadano que no tiene la más mínima idea de lo que significa la revolución digital. A mí no me preocupan tanto los ciudadanos, como los que dirigen las instituciones, porque en este caso estamos hablando de una ralentización y parálisis del servicio cultural que podrían brindar esas instituciones.

Yo creo que es legítimo que como individuos sigamos usando las computadoras como si se tratasen de máquinas de escribir un poco más sofisticadas, pero el sistema institucional tiene el deber público de estimular el desarrollo de soluciones informáticas en función de los servicios que brinda.

¿Qué implica liderar un proyecto cuyo alcance se limita a una urbe alejada de la capital cubana?

Pero es que lo del alcance local es algo que se presta a equívocos. En primer lugar, al proyecto le interesa fomentar el desarrollo endógeno. No es que estemos asumiendo la posición del aldeano vanidoso, sino que creemos que las soluciones informáticas en función de nuestra comunidad deben ser desarrolladas por miembros de la comunidad. No tiene sentido impulsar un proyecto que va a depender constantemente de la jerarquía de quienes son invitados desde el exterior. El proyecto necesita ser sostenible, pero solo se logrará cuando se estimule la creatividad en el interior de la comunidad. Otra cosa es la promoción que pudiera tener, y en este sentido, no creo que el proyecto sea tan local. Si pones en Google “Callejón de los Milagros, Camagüey”, verás que los resultados de esa búsqueda son numerosos.

El proyecto aspira a ser un repositorio de materiales audiovisuales. ¿Qué sentido tienen estos ante iniciativas como el Paquete Semanal o La Mochila, de demostradas conexiones con el gusto popular?

La idea de crear un repositorio hay que vincularla a las acciones de aprendizaje que queremos impulsar. No creo que baste con la simple acumulación de fondos. Nuestras bibliotecas (incluyo la “Julio Antonio Mella” de Camagüey) cuentan con un gran número de libros que las personas consultan cada vez menos. Mi criterio es que deberíamos apoyar mucho más la formación de usuarios que la simple acumulación. A nosotros no nos interesa competir ni con el Paquete ni con la Mochila. La idea no es esa, sino que los fondos existentes en ese repositorio estén a la vista de las personas que usan las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si ponemos en el Portal un catálogo que incluye información de todos los filmes que poseemos, hay más posibilidades de que los interesados descubran opciones cinematográficas que ahora mismo permanecen invisibles en el Paquete o la Mochila. Digamos que como proyecto no queremos imponerles a las personas lo que tienen que ver, sino mostrarles que además de lo que consumen de modo hegemónico existen otras opciones.

¿Cómo sortear el reto de resultar atractivo sin abandonar las aspiraciones de educar el gusto del público?

Yo siempre he defendido el pensamiento crítico por encima de lo que llamo “la dictadura de los críticos”. Lo de “educar al público” tiene sus peligros, porque hay ocasiones en que los críticos se convierten en voceros reaccionarios al defender lo que la tradición asegura que es lo máximo solo porque lo dice “la tradición”. Y se pierde de vista que el público no es una abstracción, o algo que tiene una esencia imperturbable.

Los públicos responden a su tiempo y a sus necesidades más íntimas, que siempre serán personales e intransferibles. Y la cultura está en permanente transformación, al igual que las tecnologías que la hacen posible. De modo que habría que construir nuevas maneras de asomarnos a esos universos que hoy nos parecen predios de bárbaros para entender cómo funciona este fenómeno, y sobre esa base proponernos la apropiación de lo valioso (que con seguridad también allí existe algo valioso) vinculándolo a todo lo grande que hemos heredado.

Mantener un espacio mensual para el debate sobre el audiovisual es una novedad para el público camagüeyano. ¿Cómo valora la asistencia de personas y la calidad de los debates en las cibertertulias?

Algunas han estado más concurridas que otras, aunque para mí lo importante no es el número de personas, sino la calidad de lo que se discuta y el impacto práctico que puedan tener esas discusiones en lo que se hace. Creo que en algunos asuntos sí hemos logrado avances. Y hemos ganado a algunos aliados estratégicos, como la empresa de informática Desoft, que ya están aportando muchísimo al proyecto. Pero en modo alguno estoy satisfecho con lo conseguido.

Tan novedosos como los espacios de las cibertertulias son los Encuentros sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales. ¿Qué resultados concretos se han desprendido de esos eventos?

Aquí sí creo que los resultados positivos son más tangibles. El año pasado dedicamos el Encuentro al Universo Audiovisual del Niño, y a partir de lo que allí discutimos comenzamos a vincularnos de un modo más oficial a Educación, y ya se han realizado varios intercambios con profesores y alumnos. Es por el momento la semilla de lo que en algún instante germinará.

El Cine Club infantil “Meñique”, cuyo fin es enseñar a crear materiales audiovisuales con teléfonos y tablets, ¿ha dado frutos? ¿Qué metas tiene por delante?

La inauguración oficial del Cine Club infantil “Meñique” ocurrirá en el marco del III Encuentro sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales. Nuestro interés está dirigido por igual a niños, adolescentes y padres. La idea es que los adultos acompañen a sus hijos en estas rutas de aprendizaje que estamos proponiendo. La brecha que se percibe entre los llamados “nativos digitales” y sus mayores no va a desaparecer del todo, pero en la misma medida en que se integren los intereses, hay más posibilidades de que se tome conciencia de los riesgos que trae el uso acrítico de la tecnología.

La ciberalfabetización funciona como un superobjetivo de El Callejón. ¿Cómo pretende lograrlo un proyecto de fomento de la cultura audiovisual en medio de un despliegue de oportunidades como el Nauta Hogar, que alcanza ya a tres consejos populares de la ciudad de Camagüey?

A mí me gusta recordar siempre que con la informatización estamos hablando de algo que atraviesa a lo largo y ancho a toda la sociedad. Aquí no hay insularidades, sino que todo estaría integrado dentro de un conjunto de prácticas que buscan beneficiar al ciudadano. O sea, la ciberalfabetización de la que hablo contemplaría aprovechar como una fortaleza la existencia del Nauta Hogar.

Lo que pasa es que ahora mismo Etecsa se comporta como la empresa que es. Es decir, su gran objetivo está dirigido a obtener ganancias a partir de los servicios que brinda, de manera que lo que propone nuestro proyecto sonaría algo raro allí. No así en otros países, donde entidades como la multinacional española de las telecomunicaciones, Telefónica, han financiado investigaciones y libros que hablan de Facebook u otras redes sociales como espacios ideales para fomentar los saberes.

¿Qué debería garantizar un proyecto que aspire a ciberalfabetizar a los cubanos?

Lo primero es garantizar el libre acceso a Internet. Tenemos que luchar para que lo que se llama “inclusión digital genuina” sea una realidad en Cuba. Hoy, lamentablemente, no tenemos esa inclusión digital. Ni siquiera después de que se multiplicaran esos puntos wifi a los que podemos acceder en el país, pues lo que allí opera está condicionado por lo económico: se conecta el que tiene dinero, y no todo el mundo tiene dinero como para hacerlo sistemáticamente.

Pero aquí viene el abogado del diablo: una vez que tenemos Internet, necesitamos una Política Pública que incentive desde edades tempranas el uso creativo de la tecnología. Debemos dejar a un lado el uso de Internet como fetiche, para proponernos la exaltación de la creatividad, y de ese modo pasar del consumo activo al consumo creativo.

¿Cuáles constituyen las principales dificultades de El Callejón de los Milagros?

Ya lo dije antes: vencer la resistencia analógica que llevamos dentro, y que de modo inconsciente sacamos a relucir a cada rato.

Finalmente, ¿qué aspectos de El Callejón de los Milagros podrían servir de modelo a un proyecto de ciberalfabetización a gran escala y cuáles deberían ser desdeñados?

El aspecto institucional es algo recomendable. Y sé que esto puede sonar polémico en una época donde varias personas se quejan de lo institucional, y lo asocian a lo históricamente superado. Para mí eso es un disparate: ningún país puede prescindir de su sistema institucional. Pero eso sí, las instituciones están obligadas a modernizar el modo en que ofrecen sus servicios. Con El Callejón de los Milagros estamos tratando de influir para modificar ese orden de cosas. En cuanto a lo de desdeñar, prefiero que sea el Tiempo, ese gran curador, el que diga la última palabra.

Rogelio Serrano (Licenciado en Periodismo en 2010 en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y MsC. en Dirección en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz. Profesor de Español-Literatura del IPVCE Máximo Gómez Báez desde el 2012 hasta la actualidad.)
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QUÉ PODRÍA HACER EL GOBIERNO CUBANO EN EL ESCENARIO VIRTUAL?
https://www.periodismodebarrio.org/internetencuba/2018/04/13/que-podria-hacer-el-gobierno-cubano-en-el-escenario-virtual/

Por Jessica Domínguez Delgado

En noviembre de 2016 la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) publicó en su sitio web –puesto en funcionamiento después de un rediseño total– el proyecto de Ley de Aguas Terrestres y habilitó un correo electrónico, del 11 al 25 de ese mes, para que las personas enviaran opiniones antes de su aprobación. Este hecho invitaba a creer que el escenario virtual se convertiría en un nuevo espacio para la participación ciudadana en asuntos sustantivos de la política en Cuba; sin embargo, experiencias como esa no han vuelto a repetirse.

Internet podría transformar el funcionamiento de los órganos de Estado, así como las relaciones entre los representantes populares y sus electores, e incluso entre los propios representantes. Además, permitiría a los ciudadanos involucrarse directamente en la toma de decisiones y, por tanto, ayudaría a democratizar la comunicación y la práctica políticas.

Es común escuchar a los decisores posponer las posibilidades de desarrollo –participativas e informativas– en el ámbito virtual por considerarlo utópico, alejado de la realidad inmediata de Cuba. La inconexión ha sido la excusa neutralizadora; no obstante, la infraestructura y el acceso a Internet en el debate sobre la gestión de un gobierno electrónico en Cuba son secundarios. Hasta tanto las instituciones gubernamentales no trasformen sus prácticas internas y organicen sus procesos en el espacio virtual, la cantidad de personas que puedan conectarse y desde dónde carecerá de relevancia. Si bien es cierto que sin ciudadanos conectados no pueden aprovecharse al máximo las oportunidades que ofrece ese espacio, para que esto sea posible también es necesario prepararse con anterioridad y generar capacidades técnicas y humanas, algo que no se ha hecho aún.

Desde diciembre de 2015, la ANPP tiene presencia en Twitter y Facebook. Asimismo, han aumentado en los últimos cuatro años las asambleas municipales y provinciales que se expresan en algún espacio virtual: al menos 33 en Facebook y 5 con plataformas web. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los Ministerios, que progresivamente se han sumado: de 21 solo faltan 8 por tener sitio web (Economía, Interior, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Turismo, Construcción, Transporte, Comercio Exterior y Comercio Interior). El problema es que no siempre estas iniciativas han perdurado en el tiempo y muchos de esos espacios se encuentran desactualizados o con muy baja frecuencia de publicación. El Consejo de Estado permanece ausente.

Si alguien se preguntara cómo funcionan los órganos de Estado en Cuba, cuáles son sus dinámicas internas o cómo ocurren los procesos políticos en curso, no hallaría en sus sitios web una respuesta suficiente. Más que un espacio natural de vida, son una prótesis, un apéndice gris. En el caso de la ANPP, el único ejemplo de participación on-line que permanece –en su nivel más bajo– es la posibilidad de enviar sugerencias, quejas y/o reclamaciones a su Área de Atención a la Población y de recibir respuesta mediante correo electrónico. Sin embargo, no se autorreconoce como una vía de comunicación para los asuntos sustantivos de la política.

Entre los casos más recientes de implementación del gobierno electrónico en Cuba, a tono con el proceso de informatización del país –según se reconoció en la 17ma. Feria y Convención Informática 2018–, se hallan las plataformas del portal del ciudadano desarrolladas por la Empresa Nacional de Software (Desoft) para los gobiernos de las provincias Granma y Pinar del Río, puestas en funcionamiento desde octubre pasado y aún en construcción. Sin embargo, estos espacios no trascienden el nivel informativo. Si bien constituyen un punto de avance importante, conciben un nivel de interacción con el usuario limitado y todavía no en práctica sistemática.

Desde que en la década del noventa del siglo pasado empezaron a aparecer experiencias de gobierno electrónico en el mundo, según explica el académico Stephen Coleman, “los organismos tradicionales de la democracia representativa han tratado de institucionalizar la tecnología, usando las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] para replicar las prácticas existentes en lugar de adaptarse a las nuevas formas de comunicación”. Cuba no es la excepción, pero con el tiempo transcurrido –llega más de veinte años tarde– no hay por qué recorrer el camino largo si se puede aprender de la experiencia de otros.

Para implementar en el contexto cubano prácticas comunicativas que favorezcan la participación ciudadana, lo primero a tener en cuenta es la información. Trasparentar la actuación gubernamental y poner a disposición de las personas información pública organizada es una condición básica para la participación –el primer paso, no el único.

Hasta ahí han llegado, de momento, las acciones emprendidas por órganos de Estado y gobierno. Sin embargo, la información ha sido incompleta y no se actualiza de forma sistemática.

Publicar información básica en el instante oportuno, no como relatoría del suceso, permitiría fomentar una política de transparencia y el derecho de acceso a la información pública (no reconocido legalmente en Cuba), para elevar la cultura política y dotar de argumentos a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, entre ellos conocer el trabajo de sus representantes para evaluar a posteriori su desempeño. Todo esto contribuiría a legitimar y revitalizar el sistema político cubano. Además, es importante construir mecanismos y plataformas que viabilicen la circulación-jerarquización de la información al interior de las instituciones y hacia los ciudadanos. Esta es la principal barrera interna para la participación.

Con la idea de tratar de extender estas prácticas no solo en cantidad sino en calidad, la Unión Interparlamentaria (organización de la que Cuba es parte) pautó, desde el año 2000, un grupo de elementos que deben tener los sitios web parlamentarios: información general, sistema electoral y de los partidos, acceso a importantes textos legales y documentos complementarios, actividad legislativa activa (incluidas las propuestas legislativas, los argumentos hacia estas propuestas, quienes las realizan y los registros de votación), videos de las sesiones e información sobre los parlamentarios y cómo comunicarse con ellos.

La participación realmente se materializa con plataformas que favorezcan ser parte en la toma de decisiones, que va desde opinar hasta evaluar. Encuestas, comentarios, debates públicos, foros, audiencias, peticiones electrónicas, consultas y chats son algunas de las acciones que se pueden desarrollar en los sitios webs, los blogs, las redes sociales y mediante la telefonía móvil. No importa cuál sea el canal, sino cómo se utiliza.

Reunir a todo el mundo todo el tiempo para tomar decisiones fue, hasta la era de la información, Internet y la web 2.0, inviable. Hoy los canales de comunicación on-line permiten la expresión de temáticas de interés social, la consulta pública, la agregación de demandas, la elaboración de propuestas, la intervención de las personas en la toma y ejecución de las decisiones, el control democrático y la evaluación de la gestión de los funcionarios públicos.

Por ejemplo, la información de contacto de los diputados es importante porque permitiría la comunicación directa entre los ciudadanos y los representantes. De acuerdo con el sistema político cubano, los representantes populares en su mayoría no son profesionales y en el caso de los diputados responden a un interés nacional; sin embargo, se eligen territorialmente y les deben rendir cuentas a sus electores. Por ello, es pertinente que la comunicación se horizontalice hasta su máxima expresión. En el caso de los delegados u otros representantes locales, es aún más importante.

Otro elemento, necesario y posible, tiene que ver con soportes para mantener una comunicación multilateral entre los propios representantes. Podrían, dentro de Intranet, concertar acuerdos, desarrollar iniciativas legislativas y proponer temáticas para las sesiones. Acciones que hoy ocurren en su mayoría de la dirección hacia los diputados y viceversa, pero que entre los diputados mismos son poco frecuentes.

También se podrían realizar, en sitios webs y blogs, comentarios sobre noticias, la agenda de trabajo del órgano, el uso del presupuesto y proyectos de leyes antes de y durante su aprobación. Si se realizaran consultas por Internet, podrían tener un carácter consultivo o vinculante, aunque estas últimas serían más complejas.

Otras acciones que permiten los espacios digitales son la publicación de todos los proyectos de leyes para que los ciudadanos puedan, por párrafo y de manera general, incluir, suprimir o modificar elementos, así como hacer comentarios, de forma tal que cuando llegue el momento de revisarlos o presentarlos se hayan conocido públicamente criterios diversos al respecto. Los diputados y otros actores con opiniones relevantes por su rol político no deberían tener privilegios en el proceso legislativo, en tanto lo hacen mandatados por los electores y para ellos.

Controlar de forma pública la ejecución del presupuesto del Estado, dando posibilidad a los usuarios de emitir criterios; realizar encuestas para definir las prioridades sociales y sobre esa base elaborar el orden del día de las sesiones y someter los informes a debate público antes de la sesión plenaria son otras acciones posibles.

Por último, el nivel más alto al que se puede llegar en materia de participación estaría en utilizar el espacio virtual para evaluar. ¿Qué cosas? La actuación de los funcionarios públicos, el impacto de una medida, el resultado de la ejecución del presupuesto. Todo ello se podría incorporar como método válido a los mecanismos de control popular.

Estas son algunas ideas generales, esbozadas a partir de las funciones sobre todo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero que cada órgano de gobierno debería adecuar a sus especificidades. En el caso de las Asambleas Municipales es importante, incluso, utilizar metodologías participativas para diagnosticar, de conjunto con los actores involucrados y la ciudadanía, las principales necesidades tanto informativas como de servicio propias del territorio.

Una experiencia en curso es la plataforma de gestión de gobierno para el municipio de Centro Habana, desarrollada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y recién puesta en funcionamiento en el mes de febrero.

En el caso de los Ministerios o gobiernos locales, la opción de realizar trámites on-line supondría un impacto favorable en la solución de demandas y necesidades ciudadanas. Todos estos espacios sirven para desarrollar una participación de tipo coyuntural que ayude a conquistar esfuerzos por una causa o movilizar para algo en particular. Las personas tienden a motivarse por asuntos puntuales y no por procesos largos, aunque las acciones generadas desde la institución en el ámbito on-line pueden traer asociado un grupo de iniciativas que desborden lo virtual.

La ciudadanía también requiere aprendizajes para el ejercicio pleno de la participación. Es necesario desarrollar procesos educativos y de empoderamiento que contrarresten el desgaste de formas participativas tradicionales. Por eso, un rol proactivo de la institución puede ser motivador.

Para materializar el desplazamiento de la comunicación política en Cuba hacia el espacio virtual, Internet no es una barrera. Todo lo antes descrito es posible y se ha puesto en práctica en otros contextos. No digo que mañana ya se pueda implementar aquí, sino que tecnológicamente existen todas las potencialidades para ello. Las limitaciones fundamentales son de índole jurídica y de cultura política, porque algunas de estas prácticas caen sobre un vacío legal. No existen regulaciones públicas que pauten el uso de las TIC en la actividad de gobierno; ni la Constitución, ni los reglamentos de los órganos, ni normas internas consideran este espacio para el ejercicio de la participación, lo cual es lógico por el instante en que se crearon.

Es necesario revisitar y actualizar algunas regulaciones para validar los métodos on-line como canales efectivos. Entre ellas, las referentes a los mecanismos de rendición de cuentas, los reglamentos que pautan el funcionamiento y las rutinas productivas, y, sobre todo, cuestiones relacionadas con la clasificación y publicación de información. Además, implementar este tipo de propuesta requiere utilizar fuerza de trabajo capacitada, superar temores, organizarse de modo diferente, involucrar a más personas y tener en cuenta sus criterios en el resultado final. Precisa, sobre todo, la voluntad real de transformar.

Internet le sirve a la política, principalmente, si permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y llevar las acciones de gobierno a su expresión más popular y abierta; pero eso supondría cambiar las reglas del juego para ponerlas a tono con el nuevo escenario.

Jessica Domínguez Delgado (Periodista, editora web y educadora popular. Graduada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana (2014). Trabajó durante dos años en el Equipo de Comunicación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha colaborado medios como Progreso Semanal, World Panorama y es parte del equipo funadador de Postdata.club. También ha impartido docencia sobre Periodismo de Datos y actualmente es editora del Boletín Caminos y del sitio web el Toque. Es coautora del Manual de Gestión de Comunicación para órganos locales del Poder Popular (2017).
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QUIÉN ERES, ETECSA?
https://www.periodismodebarrio.org/internetencuba/2018/04/13/quien-eres-etecsa/

Por Mabel Olalde Azpiri

En la penumbra que envolvió a Cuba tras la caída de la URSS, el 29 de diciembre de 1993 nació una empresa mixta que antes de cumplir sus 18 años ya estaba conformada por capital enteramente cubano. Desde su inscripción en el registro mercantil, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) ha crecido hasta convertirse en un monopolio tropical. Su rol en la informatización de la sociedad salta a la vista: es el único operador de telefonía fija y celular del país, y además sostiene en su red la actividad de todos los proveedores de Internet.

Desde los noventa, Etecsa elabora planes de desarrollo de acuerdo con los objetivos generales del gobierno cubano en el área de telecomunicaciones. El más reciente, que recoge el período 2015-2018, coincidió en el tiempo con la aprobación por parte del gobierno cubano de una política para la gestión de las tecnologías de la información a nivel nacional. En marzo de 2017, el Consejo de Ministros aprobó la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad.

Según reportes sobre las sesiones del Parlamento cubano en julio de 2017, ese programa busca asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológicas, ampliar el acceso de los ciudadanos al empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y modernizar todas las esferas de la sociedad.

La primera fase de implementación se extiende de 2017 a 2021 y contiene 21 proyectos. Paralelamente, en junio de 2018 Etecsa debe presentar ante el Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) un documento con sus metas de desarrollo y calidad para el período 2019-2022.

Cómo la Etecsa de los noventa se convirtió en la Etecsa que tenemos?

Según la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en 1994 el presidente Fidel Castro Ruz, el ministro de Comunicaciones Silvano Colás Sánchez y el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Carlos Lage Dávila firmaron el Decreto No. 190, que otorgaba a Etecsa una concesión administrativa para la comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones. En el momento de su constitución, Etecsa estaba integrada por “la empresa cubana Telefónica Antillana S.A. [TELAN] y la entidad panameña Universal Trade and Management Corporation [UTISA]”.

En aquella época prestaban servicios de telefonía las Empresas de Comunicaciones Provinciales; pero, de acuerdo con los firmantes, el desarrollo del país demandaba “un sistema de telecomunicaciones moderno, eficiente”, y capaz de incorporar “los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología”. Para ello se necesitaba desplegar “fuertes inversiones” y eso solo era posible “en asociación con entidades extranjeras”. Con el decreto quedó sellada la relación legal entre Etecsa y el MINCOM de entonces, que fungiría en lo adelante como órgano regulador de la concesión.

El gobierno cubano buscaba ampliar el servicio telefónico en el menor plazo posible: alcanzar en 7 años una densidad de 9 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional; e instalar una red digital de larga distancia con cobertura nacional. El objeto de dicha concesión era que Etecsa prestara, entre otros, servicios de telefonía básica nacional e internacional, transmisión de datos, telefonía pública y telecomunicaciones de valor agregado (que incluían los servicios de información de voz y datos, accesibilidad a bases de datos, almacenamiento de reenvío de fax, correo electrónico, correo de voz y otros similares).

Dentro de los límites de esa concesión no figuraban, por ejemplo, los servicios públicos de difusión de radio y televisión, la telefonía celular o la televisión por suscripción. Sin embargo, Etecsa tenía derecho de primera opción para obtener concesiones adicionales siempre que su oferta fuera igual o superior a la de otros licitadores.

La empresa nació con el deber de “cuidar del secreto de la información proporcionada por los usuarios o trasmitida o generada por la red pública […] y no divulgarla si no existe consentimiento previo de estos”. De 2011 a la actualidad, desde Etecsa se han filtrado varias actualizaciones de la base de datos con los nombres, números de carné de identidad y direcciones particulares de todos los titulares cubanos de líneas móviles.

El término original de la concesión era de 25 años. Los primeros 12 se consideraban “período de exclusividad” con respecto a servicios como la telefonía básica y la transmisión de datos. Se podrían otorgar, a partir de 2006, concesiones a otros licitadores para explotar servicios idénticos o similares.

Pero, “con el objetivo de ofrecer de forma más eficiente y ventajosa una gama integrada de servicios de telecomunicaciones”, el Decreto No. 275 de 2003 convirtió a Etecsa en Operador Unificado de Telecomunicaciones y el período de exclusividad fue renovado por otros 15 años. Este nuevo decreto la obligaba a pagar anualmente al Estado cubano el equivalente al 1 % de las utilidades netas distribuibles en moneda libremente convertible (CUC) desde 2005 hasta 2015.

Más adelante, en 2013, recibió otra concesión mediante el Decreto Ley No. 321, firmado por el presidente Raúl Castro Ruz y el ministro de Comunicaciones Maimir Mesa Ramos. Desde entonces, Etecsa realiza pagos anuales equivalentes al 5 % de las utilidades netas. El alcance de la más reciente concesión, vigente hasta 2036 y prorrogable por dos períodos de 15 años, añade a los servicios anteriormente autorizados la telefonía celular, el acceso a Internet y la televisión por suscripción. El nuevo período de exclusividad se extiende hasta 2023 para la telefonía básica y celular, la conducción de señales y la transmisión de datos; sin embargo, en el caso de la telefonía celular, la exclusividad “no incluye los servicios explotados por sistemas de tercera generación [3G] y posteriores”.

Después de sucesivas modificaciones del acuerdo que constituyó la empresa, la composición accionaria en 2003 era así: Telefónica Antillana, S.A. (TELAN, 51,0 %), Universal Trade & Management Corporation, S.A. (UTISA, 11,1 %), Telecom Italia International N.V. (TI INT, 27,0 %), Banco Financiero Internacional, S.A. (BFI, 6,2 %), Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA, 0,9 %) y Negocios en Telecomunicaciones, S.A. (NETEL, 3,8 %). En 2011, un acuerdo del Consejo de Ministros autorizó a la sociedad mercantil cubana RAFIN S.A. para comprar las acciones de Telecom (TI INT). La composición accionaria se mantuvo similar, solo que RAFIN S.A. adquirió las acciones que poseía Telecom.

En ese momento, Cubadebate publicó que el país adquiría por primera vez “el control total de la empresa de telecomunicaciones desde su creación en 1993”, el cual quedó repartido entre esas seis compañías nacionales. De UTISA, la cual aparecía como “entidad panameña” en el Decreto No. 190 de 1994, se dijo esta vez que “es una empresa cubana con sede en Panamá, bajo el control del Ministerio de Comunicaciones de Cuba”.

Pocos días después de la compra, AFP mencionó que una entidad llamada Citel había sido accionista en la Etecsa de los noventa hasta que sus acciones pasaron a empresas cubanas. Se refería a la Corporación Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), una subsidiaria del Grupo Domos de Monterrey.

El 23 de julio de 1994, la revista mexicana Proceso publicó un trabajo sobre la participación mexicana en el desarrollo inicial de Etecsa. “Sin que hubiera concurso de por medio, cuatro mexicanos se interesaron en adquirir el 49 % de la industria de telecomunicaciones cubana: Alejo Peralta, Carlos Slim, Alfonso Romo y Javier Garza Calderón”. El primero de ellos, fundador de Industrias Unidas S.A. (IUSA) y director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entre 1956 y 1958, ganó una concesión en 1993 “pero se retiró al no convenirle el arreglo”. El multimillonario Carlos Slim, que en 2014 era el hombre más rico del mundo, estuvo en Cuba ese año y no hizo ninguna propuesta. “Romo, del Grupo Pulsar, también se quedó en los estudios”.

Al Grupo Domos, en manos de Garza Calderón, se le adjudicó el 49 % del capital de Etecsa por 1 442 millones de dólares. El texto de Proceso agregaba que “el triunfo de Garza Calderón […] se debió a la intervención personal del presidente [mexicano] Carlos Salinas, quien atestiguó en su visita a la Isla del 13 de junio la firma del acuerdo”, y añadía que no era la primera vez que Salinas intervenía en los intereses de Garza Calderón.

El reporte destacaba que esa era la primera vez que la inversión extranjera se involucraba en los servicios públicos cubanos, pues hasta aquel momento las empresas foráneas operaban fundamentalmente en el sector del turismo y la producción de bienes exportables. Sin embargo, el nombre de CITEL no aparece en el Decreto No. 190, a pesar de que la firma del acuerdo que menciona Proceso fue el 13 de junio de 1994 y la publicación del decreto que otorgó la primera concesión a Etecsa ocurrió el 17 de agosto de 1994.

Proceso contaba que la red cubana de telefonía tenía entonces unos 40 años de edad y nunca había recibido mantenimiento. “Oficialmente hay 536 700 líneas instaladas. Pero un incendio en la planta central dejó fuera de circulación a la mitad de ellas. Actualmente funcionan de manera irregular alrededor de 300 000”. El 20 de julio de ese año, ampliaba la revista, el representante estadounidense Robert Torricelli había advertido al Grupo Domos que en caso de instalar un sistema telefónico en Cuba podría asumirse que lo harían “comprando propiedades que fueron confiscadas”, o sea, “propiedades de las que el gobierno cubano no es dueño”. Como las expropiaciones de compañías estadounidenses fueron sujetas a indemnización, aclaraba Proceso, el gobierno de la Isla considera que esas instalaciones son de propiedad cubana.

En esa época Domos era “la principal empresa extranjera en Cuba por sus compromisos de inversión” y fue la segunda, después de la canadiense Sherrit International, en recibir una carta de advertencia por parte de Washington con la entrada en vigor de la ley Helms-Burton. Las presiones desde Estados Unidos en esos años incluyeron negativas de visa para los ejecutivos de Domos y sus familiares, según relata el diario dominicano 7 días. Esto, unido a los problemas económicos internos del grupo durante la época, provocó que para abril de 1995 ya hubieran vendido el 25 % de las acciones de Etecsa a STET International Netherlands, subsidiaria de Telecom Italia; “más tarde los italianos compraron un paquete adicional, con lo cual poseyeron casi un tercio de las acciones (27 %)”. Fue ese 27 % el que compró RAFIN. Pero la relación de Etecsa con entidades mexicanas no terminaría en 1995 con la compraventa entre Domos y Telecom, sino a inicios de los 2000.

Durante la firma del acuerdo de junio de 1994, donde estuvieron presentes los presidentes Fidel Castro y Carlos Salinas, este último confirmó que la operación inicial “había sido financiada en parte por el gobierno mexicano, que permitió así a Cuba cancelar su deuda con México que ascendía a poco más de 300 millones de dólares”. CITEL y Etecsa invertirían a partes iguales, detallaba Proceso, lo que suponía para la Isla “un desembolso de 720 millones de dólares”. La falta de liquidez del gobierno cubano habría impulsado a su presidente a aceptar el intercambio de deuda por inversión. “La deuda que Cuba debe a México –y que asciende a alrededor de 310 millones de dólares– debe ser prácticamente comprada por los empresarios mexicanos por medio de bonos de deuda (conocidos como Swaps), a través del Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEX)”.

El 30 de abril de 2002, en una nueva época marcada por el aumento de los vínculos comerciales y políticos entre México y Estados Unidos, Fidel Castro, Carlos Lage e Ignacio González Planas, ministro de la Informática y las Comunicaciones en aquel momento, firmaron el Decreto No. 273, donde se leía: “Las recientes declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores de México vinculando créditos otorgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEX) al Banco Nacional de Cuba con el diferendo político surgido entre los gobiernos de Cuba y México constituyen una amenaza para el normal desarrollo de las entidades cubanas vinculadas a este crédito como Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA) y Telefónica Antillana, S.A. (TELAN) y un inadmisible intento de presionar y desacreditar a nuestro país”.

Lo que fue considerado por el gobierno cubano como una “acción malintencionada” del funcionario mexicano condicionó que este decreto dejara sin vigor “las facilidades y garantías que ofrecen ETECSA y TELAN para respaldar las obligaciones contraídas por el Banco Nacional de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.”. Esto se hizo “a fin de evitar que se vean involucradas en el diferendo político existente, por los perjuicios que esto pudiera ocasionar al país si no se toman de inmediato las medidas pertinentes”.

Dos décadas después de las advertencias realizadas por Torricelli al grupo Domos, durante el acercamiento diplomático protagonizado por Raúl Castro y Barack Obama, el gobierno estadounidense autorizó a compañías de su país para establecer contratos con Etecsa. En 2016, la empresa cubana firmó un acuerdo con Verizon Partner Solutions, la unidad mayorista de la compañía estadounidense Verizon Communications Inc., para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba; y otros con AT&T para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba, así como para el servicio de roaming de voz, texto y datos para clientes de AT&T que viajan a Cuba. Finalmente, en diciembre de 2017 fue posible enviar SMS desde cualquier móvil en Cuba hacia cualquier móvil en Estados Unidos.

El actual gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, tomó medidas para restringir las relaciones económicas con organizaciones e instituciones cubanas en noviembre de 2017 y publicó una lista que incluye decenas de entidades con las cuales los estadounidenses no pueden establecer transacciones financieras directas. Etecsa no aparece en la lista.

El diario 7 días comentó en 2014 que durante la década de los noventa una de las principales fuentes de ingresos de Etecsa provenía de las llamadas desde y hacia al exterior. “De acuerdo con estimados, en 1995 facturó unos 145 millones de dólares por este concepto”. En 1994, el negocio de las llamadas de larga distancia internacional efectuadas vía Canadá e Italia valía “más de 400 millones de dólares anuales en facturación”. A través de esos países se triangulaban las llamadas de Estados Unidos a Cuba.

En relación con las tarifas de las llamadas internacionales, destacan las que se aplican a Estados Unidos y Venezuela. Al precio de las llamadas destinadas a los Estados Unidos se les adicionó entre 2000 y 2015 un impuesto de 0,245 USD por minuto. En contraste, los precios de las llamadas hacia Venezuela, país con el que Cuba firmó un Convenio Integral de Cooperación en 2000 y donde trabajan decenas de miles de cooperantes cubanos, se han mantenido particularmente bajos. La resolución ministerial No. 102 , con la firma del ministro de Comunicaciones Silvano Colás Sánchez, protegió desde 1996 los servicios de llamadas internacionales que brindaba Etecsa al declarar ilegal toda operación comercial basada “en Procedimientos Alternativos de Llamadas” ejecutados por personas o entidades nacionales o extranjeras, radicadas dentro o fuera del país.

Veinte años después, la empresa Cuballama, que ofrece llamadas a Cuba desde 29 centavos USD, protagonizó el caso más célebre de desafío a la exclusividad de Etecsa en el área de la telefonía internacional. Etecsa describió a Cuballama como una organización fraudulenta que activa líneas móviles locales e introduce en el país equipos llamados Simbox, los cuales permiten realizar llamadas o enviar SMS internacionales a través de Internet utilizando tarjetas SIM nacionales. De esta manera, las llamadas de larga distancia internacional quedan registradas como llamadas locales.

Cuballama, subsidiaria de Techrrific Inc. con dirección legal en Canadá, insistió en que no tenía presencia dentro de la Isla, ni había participado en los esquemas descritos por Etecsa. Añadió que prepagaba a sus proveedores todos los servicios y que “las empresas tienen la libertad de establecer los precios de sus productos y de operar a costo, o incluso a pérdida si así lo desean durante determinados períodos”.

Aseguró tener contratos con “las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, las mismas con las que Etecsa ha firmado acuerdos comerciales”. Cuballama mencionó en varias ocasiones a Telecom Italia, como ejemplo de “compañías de nivel 1” que “son dueñas de los cables físicos que conforman las redes regionales y mundiales”, con las cuales “se garantiza conectarse indirectamente a todos los destinos y orígenes del mundo”.

Etecsa acotó que la actividad de Cuballama puede ser legal en otras partes del mundo, pero que la empresa procedía de manera ilegal para ofrecer llamadas hacia Cuba. Coincidía con Cuballama en que es posible prestar servicios mediante terceros, pero que “todo el tráfico de voz o mensajes de texto debe terminar en las centrales telefónicas de Etecsa, único operador de telecomunicaciones autorizado a brindar el servicio en Cuba”. Según Etecsa, “Cuballama viola este proceso” pues sus llamadas o mensajes de texto no transitan por ninguna de las dos centrales telefónicas internacionales del país que distribuyen el contenido hasta los usuarios finales.

La empresa cubana aseguró que había desarticulado al menos tres redes ilegales en territorio nacional cuyos organizadores eran amigos del director de Cuballama, y agregó que los bloqueos de líneas móviles detectadas en la comisión de fraudes coincidieron con publicaciones en la página web de Cuballama que anunciaban afectaciones en sus servicios. Cuballama insistió en que su modelo de negocios se basa en la venta directa por Internet al cliente final y en que han perfeccionado su gestión hasta reducir al máximo los costos.

El móvil que usted llama

Cubacel, que obtuvo una concesión para construir y explotar una red pública de radiotelefonía celular en 1992, nació bajo el nombre de Teléfonos Celulares de Cuba S.A. como entidad mixta conformada por la Empresa de Telecomunicaciones Internacionales de Cuba (EMTEL-Cuba), del MINCOM, y la sociedad mercantil mexicana Telecomunicaciones Internacionales de México S.A. de CV (TIMSA).TIMSA era dueña del 10 % de las acciones.

Cubacel obtuvo una inversión inicial de aproximadamente 200 millones de dólares y un año después de la concesión brindaba servicios a alrededor de 5 000 clientes, fundamentalmente diplomáticos, empresarios y periodistas extranjeros radicados en Cuba. En 1998, Sherritt International compró un 37,5 % de las acciones de Cubacel. Desde el año 2000, comenzó a operar también C_COM, o Empresa de Telecomunicaciones Celulares del Caribe, S.A., que recibió una concesión administrativa por 20 años para prestar un servicio público de telecomunicaciones móviles terrestres [celulares] en la banda de 900 MHz, GSM 900. Al convertirse en Operador Unificado de Telecomunicaciones para todo el territorio nacional, Etecsa absorbió a Cubacel y a C_COM.

Según consta en el Decreto No. 275, como resultado de esta fusión “y demás ampliación del capital social de ETECSA”, este ascendió en 2003 a 1 749 313 080 dólares estadounidenses, representado por 12 132 acciones con un valor de 144 190 USD cada una. Estaban clasificadas en 6 188 acciones de la clase A en manos de TELAN y 5 944 de la clase B repartidas entre el resto de los titulares. Cuando Telecom le compró a Domos el 25 % de las acciones de Etecsa, pagó poco más de 291 millones de dólares. En cambio, cuando RAFIN compró las 3 276 acciones de Telecom (27 % de Etecsa) lo hizo por un valor de 706 millones de dólares.

De lo anterior se desprende que en 2011 cada una de esas acciones valía 215 506 USD y, por tanto, podría decirse que “el capital social” de Etecsa ese año era aproximadamente 2 614 518 790 USD. Esto significa que entre 2003 y 2011, el valor de la empresa aumentó a razón de unos 100 millones por año.

En abril de 2008, Ramiro Valdés Menéndez, quien entonces ocupaba el cargo de ministro de la Informática y las Comunicaciones, aprobó que las personas naturales residentes en Cuba contrataran y usaran los servicios móviles celulares en la modalidad prepago. O sea, a partir de ese momento, los cubanos podían ser legalmente dueños de líneas móviles. Durante los últimos 10 años se implantaron diferentes sistemas de tarifas para los servicios de telefonía móvil que ofrece Etecsa y los usuarios han practicado decenas de soluciones creativas para proteger el saldo de la línea durante el mayor tiempo posible.

A pesar de que una línea móvil cuesta el equivalente al salario promedio de un mes y un minuto de llamada celular vale 280 veces más que un minuto de llamada desde un teléfono fijo, Etecsa cumplió en 2015 su plan de comercializar 800 000 líneas celulares. Ese año, el director de Comunicación Institucional, Luis Manuel Díaz Naranjo, dijo que no estimaban rebajar las tarifas de activación, de llamadas ni de SMS. No obstante, el número de líneas móviles activas siguió aumentando y en 2017 se activaron 600 000 nuevas líneas, con lo que el total ascendió a 4 500 000.

Las tarifas máximas de los servicios que oferta Etecsa –por ejemplo, los 0,35 CUC del minuto de llamada celular– son propuestas por el MINCOM, teniendo en cuenta las consideraciones de la empresa, y aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, ni el MINCOM ni Etecsa pueden aumentar esos precios. Al mismo tiempo, las rebajas con respecto a esas tarifas máximas sí solía aprobarlas el MINCOM a partir de las propuestas presentadas por Etecsa y, desde 2013, las aprueba la presidencia ejecutiva de la empresa. Este último período coincide con la proliferación de bonos y ofertas promovidos por Etecsa.

Desde 2013 no se aprueba la rebaja de ninguna tarifa máxima aplicable a la telefonía celular –el período más largo de 2008 a la fecha–.Y fue en enero de 2018 que Etecsa comenzó a aplicar la tarifa en tiempo real. Hasta entonces, estuvo fijada por intervalos de 30 segundos. Para atraer divisas frescas, Etecsa promueve la recarga de móviles nacionales desde el exterior. Durante los últimos meses, la empresa prácticamente no ha lanzado ninguna oferta de este tipo a la que acceder desde Cuba. Además, ha reducido el tiempo de duración de los bonos de las recargas desde el exterior y tras ese período se pierde la parte del paquete de servicios que el cliente no utilizó.

La Directora Central de Comercial y Mercadotecnia, Tania Velázquez Rodríguez, defendió en mayo de 2017 que las características de las promociones –entre ellas, el tiempo para consumir los bonos– deben variar de acuerdo con diversos factores considerados por la empresa, entre ellos la capacidad de la red ante un aumento de tráfico. Las actuales ofertas o la aparición de otras, dijo, dependen del mejoramiento de las plataformas tecnológicas.

Unos días después, Velázquez amplió en la televisión nacional durante una transmisión de Mesa Redonda: “De este propio dinero que recibe la empresa se realiza el pago a los proveedores y operadores internacionales con los cuales tenemos convenios”. El sitio web de Mesa Redonda explicó que “los ingresos que se captan desde el exterior son los que permiten la compra de los equipamientos, los pagos de los compromisos contractuales así como el mantenimiento”. Por eso, los servicios exportables son prioridad aunque quienes se benefician directamente de las recargas desde el exterior representan solo el 20 % de los usuarios.

Cuelgue y espere unos minutos, por favor

Las tarifas máximas para la telefonía fija del sector residencial consisten en un monto básico de 6,25 CUP que otorga 300 minutos mensuales para llamadas locales y se cobra independientemente del consumo. A partir del minuto 301, el tráfico adicional se paga a razón de 3 centavos CUP por minuto en horario diurno y 2 centavos CUP en horario nocturno, domingos y días festivos. Estas tarifas han permanecido invariables por más de 19 años.

Los objetivos iniciales de Etecsa se concentraron fundamentalmente en la telefonía básica y aparecen, junto a los plazos para alcanzarlos, en el Decreto No. 190 de 1994. Con el Decreto No. 221 de 1997, lo que se pretendía alcanzar en 2002 se convirtió en metas a lograr para 2005. Aun así, la tasa de densidad telefónica ansiada desde 1994 (9 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional) no se alcanzó en 2005, sino en 2006. En cambio, Etecsa sobrepasó el 90 % de digitalización en 2006, dos años antes de lo que preveía otro plan de desarrollo, el que aparece incluido en el Decreto No. 275 de 2003 (que otorgó la segunda concesión).

El funcionamiento de Etecsa está condicionado por las dinámicas del contexto económico cubano, donde opera una distorsión macroeconómica a partir de la cual las cuentas oficiales consideran que los 740 pesos recibidos mensualmente por un trabajador estatal promedio son iguales a los otros pesos con que ese trabajador compra las tarjetas de recarga para su celular; cuando, en realidad, los 5 pesos que cuestan las tarjetas representan 120 pesos de los que recibe el trabajador.

Además, la brecha entre los precios de la telefonía fija y la telefonía celular es un ejemplo de lo que ilustraba Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, durante el pasado período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “el primer pan nos lo comemos subsidiado[…] y si usted quiere comerse un pan por la libre, entonces paga un 83 % de impuesto […], y a los mismos cubanos les damos un pan subsidiado y a los mismos cubanos les damos un pan con una carga impositiva muy grande”.

Dos décadas después de las primeras inversiones que realizara Etecsa, “en La Habana casi todas las centrales están saturadas; es decir, puede que exista el par, pero no hay número”, según declaró a Juventud Rebelde Odalis Montiel, directora adjunta de la División de Servicios Fijos de Etecsa.

“En la medida en que el país construye viviendas en localidades para las que hoy la empresa no tiene destinadas inversiones seguirán surgiendo necesidades[…], pues hoy no están a la par las inversiones que se están haciendo en telecomunicaciones con las del desarrollo habitacional”, explicó Montiel.

Esto lo dijo refiriéndose a las tardanzas en los traslados de líneas telefónicas fijas de una vivienda a otra, que afecta principalmente a los clientes de Etecsa que se mudan a casas sin teléfono. Mesa Redonda explicó que entre las estrategias para agilizar estos trámites están “las inversiones en las redes de planta exterior, así como la colocación de la Telefonía Fija Alternativa (TFA)”, pero esto último contradice la resolución No. 105 de 2011, firmada por el ministro Medardo Díaz Toledo.

Dicha resolución expone que “la capacidad de conducción de tráfico de la Red de Telefonía Móvil Celular, que sirve de soporte a la Telefonía Fija Alternativa, no permite ofrecer a los usuarios condiciones de uso y de facturación del servicio equivalentes a las vigentes en la telefonía fija, lo que conlleva, desde el punto de vista del usuario, la aplicación de condiciones distintas para un servicio semejante”.

En junio de 2008 ya se había aprobado una resolución para limitar el crecimiento de la TFA y ordenar la sustitución gradual de esta tecnología. La misma empresa presentó una propuesta al MINCOM para acelerar su sustitución y optimizar sus inversiones sobre la red celular. Finalmente, la resolución No. 105 dispuso que Etecsa únicamente puede autorizar la instalación de la TFA “en zonas rurales aisladas con dificultades notables para el uso de otra tecnología”.

Por otra parte, los decretos leyes 190 y 221, de 1994 y 1997 respectivamente, obligaron a la empresa a tomar en consideración la demanda de los servicios y las tasas de crecimiento demográfico del país para elaborar sus planes de desarrollo. Más allá del desarrollo habitacional reciente que apunta Montiel, en la Cuba de 2012 aún existían 123 asentamientos con más de 200 habitantes sin ninguna conexión telefónica. Entre 2016 y 2018, el plan de Etecsa previó instalar anualmente solo 70 000 nuevas líneas, a pesar de que en 2015 el número de líneas fijas en el sector residencial era de 996 063 y el número de hogares en Cuba era de 3 853 236. Incluso si se cumpliera ese plan y no aumentara el número de hogares, a finales de 2018 quedarían en Cuba 2 647 173 hogares sin una línea de telefonía fija. Paralelamente, la cantidad de teléfonos públicos a instalar se redujo de 1300 en 2015 a 1000 anuales entre 2016 y 2018.

No conectado: hay conexiones disponibles

Hasta 2013, en Cuba los proveedores de Internet no podían prestar servicios públicos de voz por Internet ni de conducción pública de señales (incluidas las de video). El período de exclusividad a favor de Etecsa establecido en el Decreto No. 275 de 2003 –la anterior concesión– lo impedía. Ese período hubiera durado hasta 2018 de no haberse aprobado el Decreto No. 321 de 2013, que otorgó la más reciente concesión a la empresa.

Pero Etecsa nunca gozó de exclusividad como proveedor de Internet y por tanto existen varios proveedores. En Cuba no es lo mismo ser “Proveedor del servicio público de acceso a Internet” que ser “Proveedor de servicios de Internet al público”. El primer estatus lo otorga el Consejo de Ministros mediante concesión administrativa, mientras que el segundo lo aprueba la Dirección de Regulaciones y Normas del MINCOM. Por ejemplo, la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), formaba parte del primer grupo desde 2000 hasta que Etecsa absorbió en 2013 los servicios que solía brindar dicha empresa.

En el segundo grupo están los que brindan acceso a través de “áreas de Internet”: Correos de Cuba, Gaviota, Campismo Popular, Residencial Tarará, Oficina del Historiador, Joven Club, Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, la Agrupación Artística Gallega, etcétera. La mayoría de estos proveedores lo hace a través de la plataforma tecnológica Nauta, de Etecsa.

Como los servicios de transmisión de datos han estado siempre al alcance de la concesión brindada a Etecsa, ahora con carácter exclusivo hasta 2023, ha correspondido al MINCOM asegurar la interconexión entre las redes y servicios de esta empresa con las restantes redes de datos del país. Además, los servicios de valor agregado que brindan las redes de datos dentro del territorio nacional deben estar soportados en la red pública de telecomunicaciones, es decir, en la infraestructura de los operadores básicos, mientras se encuentren vigentes períodos de exclusividad como el de Etecsa.

Rafael de la Osa, director de Cubarte –organización rectora de la informática en el Ministerio de Cultura, que brinda servicios de conectividad a personas e instituciones vinculadas con ese ministerio–, describió en su texto publicado por Cubadebate las peculiaridades de esta interconexión: “Si desde un hospital en una provincia del país se trata de consultar el sitio web del periódico local hospedado en un servidor de la prensa en la propia provincia, la señal viaja desde la computadora del hospital hasta el nodo central de la red Infomed ubicado en La Habana, según las condiciones y velocidad que esta red tenga contratado en cada tramo desde el hospital provincial hasta el nodo central de Infomed, de ahí transita por un canal hacia las Red de Etecsa que lo enruta por el camino más corto al servidor donde está hospedado el sitio web del periódico provincial, según las velocidades y ancho de banda de estos enlaces”.

Por eso, aunque el programa de informatización de la sociedad cubana va más allá del acceso de la población a Internet, según han explicado las autoridades del MINCOM, Etecsa desempeña un rol protagónico en su implementación. El discurso oficial vincula directamente las condiciones del acceso a Internet en la Isla con limitaciones financieras para realizar inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Entre las inversiones recientes destaca, por el volumen de expectativas no cumplidas que generó, la instalación de un cable de fibra óptica en Santiago de Cuba.

El proceso de instalación del cable submarino de fibra óptica y el sistema de telecomunicaciones ALBA-1 coincidió con la compra de RAFIN a Telecom y el hecho de que Etecsa se convirtiera en una empresa completamente cubana. Entre los objetivos generales de la concesión otorgada a Etecsa en 1994 estaba “incrementar los enlaces internacionales por satélites y participar en la instalación de cables submarinos de fibra óptica con Florida, México y Jamaica o Santo Domingo, potenciando a Cuba como un centro de tránsito internacional de la región”. Sin embargo, de todos los cables que en 2017 reposaban en las profundidades marinas del planeta, solo dos llegan a Santiago de Cuba.

En mayo de 2013 el actual ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa Ramos, aprobó que los cubanos pudieran acceder a Internet desde las áreas dispuestas por los proveedores de Internet al público, sin depender de una autorización de su jefe o del jefe de un órgano superior. Desde entonces, el acceso está principalmente mediado por los equipos y la capacidad de pago que posea cada cual.

Más adelante, a finales de 2016, ocurrió el primer intento de ampliar sustancialmente el acceso a Internet desde los hogares (Nauta Hogar), ejecutado por Etecsa y con carácter experimental. La experiencia se extiende ahora de manera selectiva. La selección sigue un requerimiento básico: es necesario poseer una línea de telefonía fija. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la densidad de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes en 2016 era 11,8.

Si Etecsa mantiene la Línea de Suscripción Digital Asimétrica (ADSL, por sus siglas en inglés) como tecnología elegida para brindar el acceso a Internet desde los hogares, se puede augurar que la mayoría no contará con el servicio, porque la ADSL utiliza el par de cobre de la línea telefónica convencional para realizar la transmisión de datos digitales. Es decir, de cada 100 cubanos, serán alrededor de 12 quienes disfruten la privacidad, la comodidad y los precios más económicos a la hora de acceder a Internet.

Mabel Olalde Azpiri (Graduada de Licenciatura en Periodismo, Universidad de La Habana (2010). Editora de los sitios web del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (2011-2014), del Festival Internacional de Cine Pobre (2012 – 2014), y de Bisiesto (2013-2014), diario impreso de la Muestra Joven ICAIC . Coordinadora de la sesión Dossier para la revista Cine Cubano, No. 187 y 188 (2013). Coguionista del documental Omara: Cuba (Lester Hamlet, 2015). Chevening Alumna y MA – International and Online Journalism, Universidad de Salford (2016). Gestora de proyectos en Periodismo de Barrio. Colabora con Progreso Semanal y BBC)

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Publicado el febrero 20, 2019 en Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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